Aunque en un primer momento la Conferencia Episcopal Española se mostró insatisfecha por cómo había quedado desarrollada la asignatura de Religión en la LOMCE (consideró que la duración de las clases era corta), lo cierto es que la ley del PP recogió en buena parte las reivindicaciones de los obispos. Volvió a ser de oferta obligatoria en todas las escuelas (no solo las religiosas) y evaluable. El debate sigue todavía abierto.

La separación de alumnos en cuarto curso de ESO en función de los estudios que los jóvenes quisieran seguir cuando terminaran la educación obligatoria (bachillerato o FP) fue la medida más criticada. Su efecto más inmediato, alertaron, iba a ser que los alumnos con peores resultados fueran separados de los que tenían un buen rendimiento. Solo algunas comunidades del PP han aplicado la separación en dos itinerarios (enseñanzas académicas y aplicadas).

Las intenciones iniciales del entonces ministro de Educación, apuntaban a que todos los estudiantes que terminaran la educación primaria (entre 11 y 12 años), la secundaria obligatoria (entre 15 y 16) y el bachillerato se sometieran a unas pruebas de evaluación finales, que debían aprobar para obtener el título. En Primaria no hay titulación y la oposición que mostraron las comunidades autónimas acabaron diluyendo los planes iniciales. Queda la prueba para entrar a la universidad.