2020 ha inaugurado una década que pasará a los libros de Historia como la que nos enfrentó a una pandemia mundial que no esperábamos y que nos ha puesto a prueba y nos ha hecho reciclarnos y repensarnos: empresas reciclando sus ciclos de producción para contribuir a frenarla, aprendiendo a convertir piezas de coches en respiradores; ciudadanos repensando cómo nos relacionamos, con 2 metros en medio y la mascarilla siempre puesta; la subida en la demanda de productos sorprendentes a los que antes no dedicábamos nuestra atención, como el papel higiénico o la levadura de panadería.

La crisis de la COVID-19 cogió a todos los sectores económicos por sorpresa, pero ha evidenciado de forma especial la brecha en el de la I+D y la innovación, un sector de suma importancia para España y un distintivo que se traduce en un mayor crecimiento económico y bienestar social. Hace unos días, la Fundación Cotec para la Innovación publicó su informe anual. España recupera los niveles de inversión previos a la crisis de 2008, con 883 millones de euros más invertidos que en el período anterior analizado (2017), con una actuación estelar por parte de la contribución privada, que aumenta su inversión en un 9,3 % en este período.

La inversión en I+D respecto al PIB de las comunidades autónomas, según el mismo informe, mantiene unos niveles de esfuerzo heterogéneos, con cinco comunidades autónomas (País Vasco (1,96 %), la Comunidad de Madrid (1,71 %), Navarra (1,68 %) y Cataluña (1,52 %)) encabezando la lista con un nivel de inversión superior a la media de España (1,24 %). La tendencia de otros territorios, no obstante, es al alza. Así, según el estudio elaborado por CEOE hace unas semanas, las 17 comunidades españolas han comenzado a potenciar sus entidades públicas para dinamizar las actividades de innovación en sus territorios.

En este contexto, es evidente que el funcionamiento del ecosistema necesita seguir creciendo. Uno de los pilares fundamentales en los que sustentarlo debe ser la colaboración: tanto internacional, para acortar las brechas con las economías vecinas de la UE; como nacional, fomentando lazos fuertes entre los sectores público y privado de la sociedad española. En este sentido, España cuenta con un porfolio de instrumentos con la capacidad de revitalizar la inversión en el ecosistema innovador en todos los sectores. Entre ellos, destaca la estructuración fiscal de la I+D+i, una herramienta que permite atraer recursos financieros privados y dirigirlos hacia nuevos proyectos como lo hace la empresa Kaudal.

Kaudal, líder en identificar ideas y convertirlas en proyectos de estructuración de I+D en España, analizó en su informe el impacto de la estructuración fiscal en la inversión privada en I+D presentado apenas unas semanas antes del 12 de marzo. Así, la inversión privada se presenta como uno de los pilares clave para recuperar la actividad económica y el bienestar social en nuestro país. El fin último del instrumento de la estructuración fiscal de I+D+i es atraer inversión privada al ecosistema, clave para que este continúe creciendo. De acuerdo con el análisis de Kaudal, la herramienta presenta numerosos efectos sistémicos positivos: impulsa proyectos de gran escala, aumenta la transferencia de conocimiento hacia el mercado y tiene un coste moderado para la Hacienda Pública. Además, promueve inversión consciente y comprometida con el avance no solo económico, sino también social, contribuyendo de manera constructiva al crecimiento del país.

El análisis subraya especialmente la capacidad de la estructuración fiscal para atraer inversión nueva y así motivar la economía de España y de las comunidades autónomas. De acuerdo con sus resultados, por cada euro invertido por la Administración Pública en I+D+i, la estructuración fiscal genera 1,75€ de inversión privada, de los que 0,75 € son nueva inversión.

Seguir impulsando el desarrollo de la I+D y la innovación será uno de los pilares para lograr una recuperación económica sólida y sostenible en el tiempo.