El Tribunal Supremo ha establecido un condena de hasta 140 años de prisión para los siete integrantes de una red radicada en Badalona que usó funcionarios para obtener datos de más de 2.000 personas y venderlos a empresas y particulares. Se les imputan más de cien delitos por todas las víctimas identificadas pero no tendrán que cumplir más de siete años entre rejas, según revela en exclusiva la Cadena SER.
La sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, describe cómo esta red de tráfico de datos a gran escala obtuvo información laboral confidencial de 2.061 personas, en tan sólo siete meses, entre noviembre de 2011 y mayo de 2012. La red estaba formada por un matrimonio (Isidora y Eulalio) dedicado a vender informes con datos confidenciales, un funcionario jubilado de la Generalitat (pablo Jesús) y varios funcionarios en activo tanto de la administración catalana como del Estado.
EL MODUS OPERANDI
Según la Justicia, el modus operandi era siempre el mismo: el matrimonio de Isidora y Eulalio, a través de las mercantiles "Investigación comercial Edumer, SL" y "New Val Zones, SL" de las que era administrador único el acusado, venían dedicándose desde hacía varios años a la comercialización a gran escala de datos de carácter personal reservado, siendo sus clientes empresas relacionadas con la elaboración de informes comerciales y patrimoniales, tales como "informes Comerciales Geincoga SL", "Informes Comerciales Indaga, SL", "Informes Alear, SL", "Incofisa Gestión Integral de Recobro, S.L", entre otras, que a su vez tenían como cliente últimos a entidades bancarias o financieras que utilizarían esos datos para comprobación de solvencia y en supuestos de morosidad.
Durante el periodo investigado entre enero de 2011 a mayo de 2012, los acusados Isidora y Eulalio, puestos de común acuerdo con el jubilado Pablo Jesús - conocido como "Santos" -, se dedicaron a la obtención, intermediación, comercialización y distribución a gran escala de datos reservados de carácter personal y laboral de cientos de personas.
Dicha información reservada la obtenían a través de Santos, quien aprovechándose de la condición de funcionario que había ostentado en la Oficina del SOC de Badalona, organizó una red de contactos entre funcionarios de dicho Servicio así como del Servicio de Empleo Público (SEPE), fundamentalmente con destino en la Oficina de Badalona, pero también en la Oficina de Barcelona, siendo éstos como mínimo los acusados Dolores, Blanca, Ángeles y Gerardo.
De esta forma, los acusados se especializaron en la obtención ilícita, rápida y masiva de datos personales y laborales, que el matrimonio revendía a sus clientes, a razón de 14 a 20 euros por consulta relativa a una persona física.
Durante el periodo comprendido entre finales de noviembre de 2011 a primeros de mayo de 2012, se accedió ilícitamente como mínimo a datos reservados de un total de unas 2.061 personas.
REBAJA DE LAS CONDENAS
Sin embargo, según informa la Cadena SER el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que rebaja las condenas iniciales impuestas a los seis condenados pero que se mantiene en cifras muy elevadas por la cantidad de delitos de revelación de secretos que atribuyen a cada uno: un delito por cada víctima identificada.
Cada uno de los miembros del matrimonio y el funcionario jubilado son condenado a 140 años y 3 meses de prisión como inductores de 138 delitos de revelación de secretos - a un año por delito - y otro más de cohecho, mientras que los cuatro funcionarios que proporcionaban los datos son condenados a penas que oscilan entre el año y medio y los 124 años y 3 meses de cárcel.
