La ley de interrupción del embarazo aprobada en el 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero convirtió el aborto en un derecho que la mujer puede ejercer en las 14 primeras semanas de gestación. En caso de malformación grave del feto, el aborto se puede practicar hasta la semana 23. Posteriormente, se requiere la intercesión de un comité médico. La ley autorizó a las adolescentes de 16 y 17 años de edad a abortar sin informar a los padres, con la intervención de un tutor.
El anteproyecto de ley que debía reformar el aborto, elaborado por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en el 2013, suponía la supresión completa de la norma que estaba, y está, vigente. La iniciativa, denominada ley de protección de la vida del nasciturus, proponía volver a una ley que autorizara la interrupción del embarazo en dos supuestas situaciones: cuando la gestación fuera por una violación demostrada o si el embarazo ponía en grave peligro la vida de la futura madre. El propio PP retiró el anteproyecto.
El ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, suprimió en el 2015 el artículo de la ley Zapatero que autorizaba a las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir una gestación sin comunicarlo a sus padres, con el apoyo de un adulto tutor. Pretendía proteger a las cerca de 4.000 menores que cada año quedan embarazadas en familias donde prevalecen las agresiones, incluidas las sexuales. Catalá no alteró el resto de la ley, pero su norma volvió a exigir la aprobación paterna para el aborto de una adolescente.
