Ochenta organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los inmigrantes ilegales, rechazan de manera "frontal" el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado ayer, que amplía la protección de las inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien y estimula el retorno voluntario.

Sus representantes aseguraron en conferencia de prensa que la norma acordada por el Gobierno es una oportunidad "perdida" para avanzar en derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes, y no garantiza "su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad". También reprochan que no los haya escuchado ni que haya negociado el reglamento.

Por el contrario, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que ha sido "dialogada" y sale consensuada "ampliamente" con sindicatos, empresarios y oenegés, además de insistir en que se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo.

En la conferencia de prensa, destacó que se "alienta" el retorno voluntario al país de origen, en el sentido de que quien desee acogerse por quedar en paro "no pierda" los años de trabajo aquí, sino que "le contabilice a todos los efectos" si volviera a España.

El Gobierno señala que habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías" para quien se apunte a programas de movilidad y retorno voluntario.

RESPALDO A LAS MALTRATADAS Sobre las inmigrantes irregulares que padezcan violencia machista, dijo que, si denuncian, no significa que vayan a ser expulsadas por su condición de ilegales. "Algo que venimos practicando ya --subrayó-, que las que sufren violencia de genero y están irregularmente no tengan miedo al ir a la comisaria pensando que eso les va a suponer la expulsión". La protección se extiende a los hijos menores de víctimas de redes de trata de personas y violencia de género.

Además, impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro extranjero en los tres años siguientes. Perfila la reagrupación familiar de ascendientes vinculándola a la convivencia previa en el país de origen. Organizaciones como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados exigen una regularización "vía arraigo o vía humanitaria", que afectaría a unas 800.000 personas, e instan a cerrar los centros de internamiento.