Los españoles parecen más dispuestos a levantar el pie del acelerador que a dejar de poner los pies en el bar cuando van a conducir. Más del 80% de las condenas impuestas por los tres delitos de tráfico introducidos hace siete meses en el Código Penal lo han sido por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que los castigos por exceso de velocidad no llegan ni al 1%. La aplicación de la reforma incorporada el 2 de diciembre del 2007 ha llevado ya a la cárcel a cerca de 100 personas.

El fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, presentó ayer el primer balance de los nuevos delitos de tráfico bajo el signo del optimismo y la autocomplacencia. El aparato judicial ha sido capaz de dictar en estos siete meses (hasta el 30 de junio) un total de 26.820 sentencias condenatorias, por lo que, de seguir este ritmo, "se podrían superar las 50.000" a finales de año, como señala el informe. Una de las cosas que más llama la atención es el desequilibrio entre el número de condenas por rebasar la tasa penal de alcohol (21.741) y el de castigos por superar los límites penales de velocidad (230). El resto de las condenas (4.849) se han impuesto por conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia para hacerlo, aunque en este caso hay que tener en cuenta que se refiere a un periodo de tan solo dos meses porque el nuevo delito entró en vigor el pasado 1 de mayo.

FRAUDES Y ARTIMAÑAS El informe achaca el escaso número de conductores cazados por circular a una velocidad excesiva a que el Código Penal ha fijado unos límites "muy altos", al "efecto disuasorio" de la norma criminal y a los "medios fraudulentos" que utilizan los automovilistas "asociales" para "sustraerse al control de los radares", como "sustancias vertidas en las matrículas o inhibidores ilegales de radares". "No es infrecuente que se compren coches que llevan ya estos inhibidores. Hay una picaresca que ha aumentado mientras se reformaba el código", denunció Vargas. En este sentido, alabó el "esfuerzo tecnológico" que está haciendo la DGT para combatir las artimañas, aunque subrayó las dificultades. "Contar con un dispositivo de este tipo revela una clara intención de correr a velocidad excesiva y burlar la ley", sentenció.

Tampoco es fácil solucionar el problema de los que ocultan la matrícula o cambian su numeración para evitar la denuncia. Entre otras cosas, porque el último método probado, que son las fotografías desde un helicóptero, es "muy costoso", como reconoció el fiscal delegado. En cuanto al establecimiento de unos límites máximos de velocidad muy altos, Vargas advirtió de que "no hay tanta gente que vaya a más de 200 kilómetros por hora en carretera o a más de 110 en ciudad".

Los nuevos delitos de tráfico castigados por la ley han llevado al ingreso en prisión de unas 100 personas, lo que representa tan solo el 0,26% del total de condenados. Los jueces solo recurren a la reclusión en los casos de "multirreincidencia o de hechos de singular gravedad", como dice el informe. El mismo criterio sigue el fiscal Vargas, consciente de que hay "cerca de un 5%" de los condenados por estos delitos que son multirreincidentes y que "son objeto de un especial seguimiento" por la fiscalía. "Solo pedimos el ingreso en prisión cuando vemos claramente que esa persona reincidente se va a cargar a alguien a la próxima", explicó. Pero antes, se les da la oportunidad de eludir la pena de cárcel de tres a seis meses con cursos de reeducación o programas de deshabituación del alcohol o las drogas. Si vuelven a las andadas, se recurre ya al encarcelamiento.