Pedro Jiménez García tiene 39 años y no podrá abandonar la cárcel, donde permanece ingresado por el asesinato y la violación de dos policías en L´Hospitalet de Llobregat, hasta que tenga 75. La Audiencia de Barcelona impuso ayer a este delincuente reincidente, ya condenado por otros robos y agresiones sexuales, 83 años y dos meses de prisión por el brutal y abominable crimen que cometió el 5 de octubre del 2004 mientras gozaba de un permiso penitenciario. Actuó con alevosía, ensañamiento, sangre fría y "ánimo depredatorio" sic, según la sentencia.

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona no solo han impuesto una dura condena de privación de libertad a Jiménez, sino que también han acogido las peticiones de la fiscalía y de la acusación particular y popular de que los beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado --semilibertad y solo ir a prisión a dormir-- y el cómputo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de la pena impuesta, es decir 83 años y dos meses, y no al plazo máximo de cumplimiento efectivo de prisión, 40 años.

PENA ACCESORIA En la práctica, esto supone que el condenado por el asesinato de las dos policías cumplirá a pulso la condena y casi le imposibilita poder disfrutar de permisos de salida, aunque la última palabra siempre la tendrá el juez de vigilancia penitenciaria. Además, se le prohíbe residir o acudir a las poblaciones donde viven las familias de las víctimas, que son indemnizadas con 780.000 euros.

Para los jueces, hay una "abrumadora existencia de indicios" que acreditan, junto con "la aplicación de la lógica", que el acusado amordazó y ató a las policías en prácticas Silvia N., y Aurora. R., en habitaciones de su piso, que las apuñaló y que a una la violó, mientras que a la otra, tras fallecer, le clavó un vibrador en el ano. No solo eso, sino que registró la casa y robó la tarjeta de crédito de una de las víctimas, con la que intentó sacar dinero, las llaves de un vehículo y ropa de las agentes, que usó para vestirse y deshacerse de la que llevaba. Con la finalidad de destruir pruebas, prendió fuego a la vivienda, con un evidente riesgo para los habitantes de toda la finca. Después, huyó.

La sentencia detalla que el acusado "buscó de propósito un mayor sufrimiento en sus víctimas, claramente innecesario". Los forenses relataron en el juicio que las mujeres tenían expresión de dolor en sus rostros.