España y otros ocho países de la Unión Europea --Francia, Italia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Rumanía y Eslovenia-- acordaron ayer poner en marcha un mecanismo para facilitar el divorcio de las parejas de distinta nacionalidad. La decisión fue adoptada tras constatarse en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE que no había posibilidad de alcanzar la unanimidad requerida para aplicar la medida en los 27 estados miembros.
La nueva normativa, que solo será válida en los países que apoyen la iniciativa, establecerá unas reglas para determinar qué legislación se aplicará en los divorcios de parejas con cónyuges de nacionalidad mixta. Suecia ha rechazado esa posibilidad, porque no quiere que sus ciudadanos se vean sometidos a una legislación más restrictiva que la sueca, ni que los tribunales del país tengan que aplicar una normativa diferente a la nacional.
El proyecto no pretende armonizar las legislaciones nacionales sobre la materia, sino que se ejecutará el acuerdo de divorcio y la legislación pactada por los cónyuges. En caso de desacuerdo entre los mismos, se aplicará la legislación del país de residencia habitual de la pareja. Cuando ya no vivan juntos, primará el lugar de la última residencia común. En caso de que ya nadie viva allí, se recurrirá a la legislación del tribunal adonde acuda la pareja. La Comisión Europea deberá ahora encargarse de redactar el texto legislativo.
Otros países como Alemania, Bélgica, Lituania y Eslovaquia se han mostrado dispuestos a reflexionar sobre la posibilidad de sumarse a la iniciativa.
