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Un número creciente de mujeres --110.000 en toda España en el 2009--, han abortado en los últimos 25 años de forma privada, ignoradas por la medicina pública y toleradas por gobiernos de variado signo ideológico. La decisión de actualizar la ley para dotar al aborto de los requisitos de un derecho, y corregir las incongruencias jurídicas que afectaron a médicos y usuarias, ha dado lugar a un crispado debate que culminó con el recurso del PP, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. En él se cuestiona la existencia misma de una norma que regule el aborto, lo que amenaza con devolver el asunto a la década de los años 70.
La ley que mañana entra en vigor se llama "de salud sexual y reproductiva" y a esto dedica la parte más extensa de su articulado. Pero, aunque el fracaso de las políticas sobre sexualidad y la demanda de medidas en esa dirección han sido abundantes en los últimos años, es la segunda parte del enunciado de la ley --"...y de la interrupción voluntaria del embarazo"-- la que absorbe el interés público en estos momentos.
