Confirmada la tragedia y a la espera de que la investigación aclare las causas del aparente homicidio que acabó con la vida de los dos hermanos que fueron hallados muertos en Godella (Valencia) en la tarde del jueves, el día después del macabro suceso, con ambos padres detenidos, sirvió para empezar a aclarar las circunstancias que rodeaban la vida de la familia.
Ayer se supo que la abuela materna de los pequeños comunicó en dos ocasiones a las autoridades su preocupación por el niño de tres años y la bebé de cinco meses esta misma semana. Así lo expuso, en una comparecencia sin preguntas, Eva Sanchis, alcaldesa de Godella, que explicó que el lunes, tras la llamada «de un familiar», una patrulla de la Policía de este pueblo y otra de la vecina Rocafort se desplazaron a la caseta donde vivían y comprobaron «que se trataba de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa» y que «tanto los progenitores como los menores se encontraban en buenas condiciones».
Dos días después, los responsables del Teléfono del Menor se pusieron en contacto con los servicios sociales de Godella para trasladarles más información que les había hecho llegar la abuela y desde este departamento del consistorio se asumió la necesidad de establecer una coordinación «con el centro escolar San Sebastián de Rocafort, donde asiste el hijo mayor, el Centro de Salud de Godella y la Policía Local de Godella, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención», según el informe leído ayer por la alcaldesa.
La familia no estaba empadronada en Godella, donde está la caseta, aunque había abierto un procedimiento para estarlo. El niño estaba escolarizado en Rocafort, por lo que es posible que estuvieran empadronados allí. El ayuntamiento de esta última localidad confirmó que no existe ningún expediente abierto a la familia ni eran beneficiarios de ayudas municipales. El año pasado la madre trabajó durante tres meses como auxiliar de limpieza, a través de la bolsa de trabajo municipal, y hace años cumplió en su biblioteca una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que el padre estuvo trabajando en un restaurante de este municipio.
La relación de la madre, María G., con la justicia viene de lejos. Al menos desde el 2011, cuando fue detenida junto a otras cuatro personas en una protesta de los llamados indignados del 15-M frente a las Cortes de Valencia el día en que se constituían tras la victoria por mayoría absoluta de Francisco Camps.
En un primer momento, todos los activistas fueron condenados por una supuesta agresión a varios policías nacionales en el juzgado de lo penal de Valencia, pero en septiembre del 2016 fueron absueltos por la Audiencia Provincial al no considerar probados los hechos. Del belga Gabriel S., su pareja y el padre de los hijos, no constan antecedentes pero sí que recientemente fue despedido del local de hostelería en el que trabajaba y que era aficionado a tocar la guitarra.
La caseta en la que residían estaba en malas condiciones, al parecer no tenía agua corriente ni luz, y presentaba un aspecto muy desordenado además de una premonitoria pintada: vais a moror todiz (sic). Algunos de sus allegados han contado que en los últimos tiempos ambos hablaban habitualmente de fenómenos paranormales.
Durante las 12 horas de búsqueda activa de sus hijos, el jueves, ambos protagonizaron interrogatorios llenos de desvaríos e incoherencias. Serán sometidos también a exámenes mentales y a controles de drogas ante las sospechas que generaron en los agentes. De hecho, según informó ayer Efe, la mujer ha sido trasladada a un centro sanitario para evaluar si está en condiciones mentales para declarar.
Fue la propia mujer la que adelantó a los agentes las muertes al insistir en que debían «resucitar» a los niños cuando le preguntaban por ellos y la que, finalmente, condujo a los agentes de la Guardia Civil a las fosas donde se encontraban los cadáveres. La madre pasó a estar detenida desde ese momento y el padre, que en principio constaba como investigado, adquirió esa misma condición durante la noche. Tras concluir el alzamiento de los cuerpos, cerca de la medianoche, el titular del juzgado primera instancia e instrucción 4 de Paterna dio la orden de que fueran trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para realizarles la autopsia y confirmar si los golpes que presentaban fueron los causantes de sus muertes.
De manera paralela, los agentes, incluidos los de la Policía Científica, continuaron la investigación en la caseta y en la parcela donde vivían. Provisionalmente, el juez ha incoado un sumario por dos delitos de homicidio y lo ha declarado secreto.
El macabro suceso no escapó de la polémica política, que abrió el exportavoz del PP en el Congreso. En un tuit, Rafael Hernando aseguró que «si el asesinato de los niños de Godella se hubiera producido con un Gobierno del PP, ya estarían los de la izquierda pancartera organizando escraches, con la Oltra al frente y el Ximo detrás» y «en La Sexta» irían «a saco paco». La consellera socialista Ana Barceló le contestó que «en estos momentos utilizar el dolor para hacer política es sencillamente miserable» y Enric Nomdedeu, alto cargo de Compromís, afirmó que «la inteligencia, decencia y empatía» de Hernando llega «menos lejos que los huesos de aceituna que escupe su secretario general».
