Tras superar las desavenencias que ha provocado en el seno del Gobierno, entre Igualdad, de un lado, y Justicia y la vicepresidencia de Carmen Calvo, de otro, el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, que lleva a la legislación las demandas del movimiento feminista y el solo sí es sí coreado en las protestas contra la primera sentencia de La manada. En consecuencia, el proyecto legal considera clave el consentimiento expreso a mantener relaciones sexuales; acaba con la distinción entre abuso y violación y tipifica por primera vez como delito el acoso ocasional o callejero, para penalizar «expresiones, comportamientos o expresiones sexuales o sexistas que creen una situación humillante, hostil o intimidatoria» con multas o bien arresto domiciliario, alejamiento o trabajo comunitario.
El objetivo de la nueva legislación, según subrayó la ministra de Igualdad, Irene Montero, es cambiar el «paradigma» de forma que se establezca un marco de prevención, atención, sanción y reparación para las víctimas de violencias sexuales equiparable al que ya proporciona la ley contra la violencia de género. Para Montero, se trata de un proyecto «valiente», «ambicioso», que sitúa a España entre los países más pioneros y que «dará más seguridad a las mujeres», que «nunca más» verán cómo «se pierden sus derechos en un callejón oscuro».
EL CONVENIO DE ESTAMBUL / El texto cumple con el Convenio de Estambul, que establece que la violencia machista va más allá del ámbito de las parejas o exparejas, y con el pacto de Estado español contra esta lacra. Para ello, establece que la libertad sexual es un bien protegido y define que se entiende por consentimiento. Los jueces deberán interpretar que este no se ha obtenido cuando la «víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, su voluntad expresa de participar en el acto» sexual.
AMPLIA HORQUILLA PENAL / Con estos mimbres, las agresiones sexuales serán castigadas con penas de prisión que van desde un año hasta los 15 años, en función de las circunstancias y las agravantes. Algunos tipos sufren una ligera rebaja pero fuentes de Igualdad le restaron importancia y aseguraron que las penas serán «más proporcionales», para dar «más margen» al juez para apreciar las diferentes circunstancias concurrentes en el delito.
«El movimiento feminista no es punitivista y no podíamos poner una sanción superior al homicidio, que tiene un tope de 15 años», alegaron desde el Ministerio. Respecto al delito de acoso callejero, es una vieja reivindicación de las organizaciones sociales, dado que es el principal riesgo que sufren las mujeres en las calles o discotecas y ya está penalizado en Francia, Portugal, Bélgica u Holanda.
La ley, que llegará al Congreso dentro de varios meses tras someterse a los órganos consultivos, por lo que puede tardar bastante más de un año en ver la luz, incrementará la formación de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales. Asimismo, prevé que los delitos sean enjuiciados en tribunales especializados. En un principio, la proposición de ley que ha servido de base atribuía esta competencia a los juzgados de violencia de género, pero tras las objeciones del Ministerio de Justicia, se establece que se revisarán en un año las competencias de los juzgados y se decidirá entonces a qué órganos se adjudican. Más allá de los cambios en el Código Penal, la ley contiene un amplio paquete de medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas, entre las que destacan la introducción de la educación sexual en todos los niveles educativos, el establecimiento de protocolos de detección en los ámbitos educativos y sanitarios y la apertura de centros de atención a víctimas 24 horas.
Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aseguro que tras la introducción de algunos cambios, sobre todo de ámbito competencial y relativos al Código Penal, ahora el texto legislativo es del «Gobierno en su conjunto».
