Tenía 32 años y era madre de dos niños, de nueve meses y 4 años. Se quitó la vida en su casa el 25 de mayo de 2019, cincodías después de que empezaran a difundirse por WhatsApp cinco fragmentos de un vídeo sexual suyo entre buena parte de los 2.500 empleados de la planta de Iveco donde trabajaba. Tras su muerte, hace ahora un año, se abrió una investigación, pero el Juzgado de lo Penal número 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha sobreseído provisionalmente el caso sin encontrar culpables, según ha sabido EL PERIÓDICO.
La Policía Nacional y la fiscal de Criminalidad Informática Elvira Tejada investigaron la filtración de las imágenes, que la mujer había enviado años atrás a un antiguo novio y compañero de trabajo en la fábrica de camiones CNH Industrial. Los agentes tomaron declaración al hombre y a otros compañeros de la víctima que recibieron en sus teléfonos móviles los vídeos sexuales de la mujer, pero sus pesquisas no han permitido identificar al responsable de la primera publicación, la primera persona que envió los vídeos la primavera del pasado año. Tampoco pudieron acreditar con exactitud cuántas personas lo vieron (al menos varios cientos, según fuentes de la investigación) y compartieron el contenido una vez que se había propagado de forma viral por varios grupos de WhatsApp.
Delito contra la intimidad
Los investigadores tampoco encontraron pruebas de que alguien intentara chantajear a la mujer con esas imágenes. Sin delito y sin acusados, la magistrada Ana María Gallegos ha decidido cerrar el asunto. «Es frustrante, pero la ley española dice que para investigar un supuesto delito contra la intimidad la víctima debe haber presentado una denuncia, algo que la empleada de Iveco no llegó a hacer. Sin su denuncia y sin indicios de que fuera víctima de una extorsión, todo es muy complicado», explican fuentes de la investigación a este diario. Sin embargo, el padre de la fallecida, que está personado como acusación particular en el procedimiento, podría presentar un recurso contra la decisión de la jueza, dado que el sobreseimiento no es definitivo.
Ahora queda pendiente de resolverse la investigación que la Inspección de Trabajo abrió después de que CCOO Industria de Madrid presentara una denuncia contra Iveco España «porque no aplicó el protocolo de acoso ni cumplió con la ley de prevención de riegos laborales, a pesar de tener conocimiento por la propia víctima de lo que estaba ocurriendo», alegó el sindicato.
Según consta en la denuncia, a la que ha accedido este medio, dos días antes de suicidarse la mujer se reunió con la dirección de Recursos Humanos de su empresa «para abrir el protocolo de prevención de acoso sexual de manera informal».
En aquella reunión, celebrada el 23 de mayo de 2019 y en la que estuvieron presentes la delegada de Igualdad y otros representantes de CCOO, la empleada comunicó a la empresa, «de forma verbal», que «se estaba visionando y reenviando sin su consentimiento un vídeo íntimo y de carácter sexual por distintos grupos de WhatsApp en el entorno laboral». «Algunos compañeros acudieron a su puesto en la fábrica para comprobar si ella era la que salía en los vídeos», recuerda una trabajadora.
Acoso y vergüenza
La denuncia recoge cómo la mujer contó a los responsables de la compañía que estaba pasándolo muy mal, mencionando expresamente la «situación de acoso y la vergüenza» que estaba sufriendo y trasladándoles «la desesperación» en la que se encontraba. «Ella estaba destinada en la planta de producción, donde la mayoría de empleados son hombres. Se sentía señalada por sus compañeros e incluso por empleados de otras secciones que aquellos días acudieron a su puesto de trabajo para verla y comprobar si ella era la protagonista de los vídeos que les habían reenviado», relata una de las diversas personas que trataron de ayudarla.
Los rumores en su entorno laboral y la presión que provocaron sobre la víctima llevaron incluso a tomar medidas especiales para protegerla a la hora de celebrar aquella reunión. «Se decidió que ella subiera a la sala donde iba a producirse por las escaleras de emergencia y entrara a la reunión separada de los delegados sindicales, para evitar que hubiera más comentarios», recuerdan desde CCOO. Y aseguran: «Ella le decía al gerente, sin dejar de llorar: ‘Parad esto, parad esto’». En aquellos días, una de sus compañeras afirma que «hubo empleados que le gritaron cosas, otros que hicieron comentarios en grupos de WhatsApp… Ella no quería denunciar a la policía, pensaba que aún sería peor. Veía que era imposible pararlo, nos decía: ‘lo va a saber toda la planta’». La difusión de los vídeos se iba acercando a su círculo más íntimo. Hasta su cuñada trabajaba allí.
Un problema no laboral
La empresa, según apuntan estas mismas fuentes, «le recomendó que denunciara el asunto en una comisaría». Durante las investigaciones, los responsables de la planta de Iveco argumentaron que no está permitido el uso del móvil en el trabajo. Se trataba, según su criterio, de un problema personal, no laboral. Explicaron que la mujer nunca pidió que se aplicara el protocolo previsto para casos de acoso y, además, le ofrecieron un cambio de turno horario en el trabajo que ella aceptó el 24 de mayo del año pasado.
Aquel día, sus compañeros la vieron por última vez. «Cuando me llamó, estaba hecha polvo y tenía dudas de si debía haber aceptado la propuesta de la empresa. Me dijo: ‘No sé si he hecho bien’. Ese día se marchó del trabajo antes de tiempo, estaba mal; al día siguiente, se quitó la vida», explica su compañera. No dejó ninguna nota.
En la denuncia presentada por Comisiones Obreras a Inspección de Trabajo, que sigue pendiente de resolución, concluyen que: «Lo que le ha pasado a la trabajadora es consecuencia del acoso que estaba sufriendo en el ambiente laboral. La falta de medidas preventivas ante el riesgo psicosocial que estaba sufriendo, la no evaluación de dicho riesgo, ha resultado desgraciadamente con el fallecimiento de la empleada».
