Ninguna autoridad eclesiástica belga escapa al estigma de haber intentado silenciar los casos de abusos sexuales de menores que llegaban a su conocimiento. El primado de la Iglesia Católica belga, el arzobispo André-Joseph Léonard, cuando era obispo de Namur en el 2006 intentó evitar que trascendiera un caso de abusos que le fue comunicado por la víctima, según revelaba ayer la prensa belga.

El asunto, que está siendo investigado por la fiscalía de Arlón, se produjo hace cuatro años cuando Ivo C. se puso en contacto con el entonces obispo de Namur para explicarle que en los años 50, cuando estaba estudiando en un internado católico de la región, en Habay-la-Neuve, había sido víctima de abusos sexuales por parte del director del internado y de un religioso.

Léonard le respondió por carta que los hechos que quería denunciar habían prescrito y que no podía facilitarle la identidad del religioso que Ivo C. había mencionado. El entonces obispo no recomendó a la víctima que se dirigiera a la justicia, ni siquiera a la comisión eclesial sobre abusos sexuales de menores creada a principios de la década. Esa comisión, tras la dimisión de las magistradas que participaban en ella por la negativa de la Iglesia a asumir la más mínima responsabilidad en los abusos, pasó a ser dirigida a principios del 2010 por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens.

LA LEY DEL SILENCIO El informe de Adriaenssens, presentado el 10 de septiembre tras las maniobras judiciales de la Iglesia para cercenar la investigación iniciada por el juez Win de Troy sobre la ley del silencio impuesta por las autoridades eclesiásticas, reveló que existían al menos 475 casos de violaciones y abusos de menores cometidos por los miembros del clero belga.

El Tribunal de Casación, equivalente a Tribunal Supremo, anuló el pasado 12 de octubre las controvertidas decisiones de las Cámaras de Acusación que había declarado ilegales los registros realizados el 24 de junio por el juez De Troy en la sede de la Iglesia belga, en la residencia privada del anterior primado, el cardenal Gotfried Dannels, y en la comisión Adriaenssens.

La nueva sentencia anula la devolución de las pruebas obtenidas en esos registros a la Iglesia, como pretendían las autoridades eclesiásticas, y permiten al juez De Troy proseguir sus investigaciones, al menos temporalmente. El Tribunal de Casación dio la razón a un grupo de víctimas, que recurrió la decisiones judiciales previas favorables a la Iglesia, porque la Cámara de Acusación ni siquiera se había molestado en escuchar la opinión de las víctimas. La Iglesia ha dicho que reiniciará el proceso para anular las pruebas.