Francisca González Navarro se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Murcia por matar, presuntamente, a dos de sus hijos, de 6 y 4 años. La mujer negó ser una parricida y explicó ante el jurado que no se acuerda de nada de lo que ocurrió entre la madrugada del 18 de enero del 2002 y la mañana del día siguiente en su casa de Santomera. "Había consumido cocaína y alcohol", subrayó. Acto seguido, pidió su ingreso en un centro psiquiátrico.

El fiscal y la acusación reclamaron para Francisca 40 años de cárcel, así como una indemnización para el marido de 200.000 euros (33,2 millones de pesetas) y 20.000 euros (6,6 millones de pesetas) para el tercer hijo del matrimonio, de 16 años. Su abogado pidió la libre absolución. Según el letrado, no está claro que Francisca estrangulara a sus hijos con un cable. Y en caso de que lo hiciera, estaba "enajenada".

Durante el juicio, con jurado popular, el letrado de la presunta parricida, Cándido Herrero, insistió en la precaria situación personal que atravesaba la acusada cuando tuvieron lugar las muertes de los dos pequeños. El abogado destacó que Francisca había sido víctima de malos tratos por parte del marido y que éste la obligaba a realizar "prácticas sexuales aberrantes".

ACUSA A UN ECUATORIANO

Francisca explicó que el asesino de sus dos hijos "podría haber sido" un hombre de nacionalidad ecuatoriana. Este "podría haber entrado" en su vivienda y haber cometido el crimen. Sin embargo, la acusada reconoció ante el fiscal: "No sé si esa persona existió. Yo estaba drogada y no podía distinguir la realidad de las alucinaciones". "Nunca tuve intención de matar a mis hijos", dijo.

El tercer hijo del matrimonio también declaró a través de una videoconferencia para "no encontrarse" cara a cara con su madre.

Por otra parte, M. P. C., una mujer de 27 años acusada de asesinar en el 2001 a su hijo, negó ayer en la Audiencia Provincial de Ourense que matara al bebé. Explicó que tras dar a luz ella sola se percató de que el bebé nació muerto. M. P. C., que había ocultado el embarazo a su familia, dijo que envolvió al niño en una toalla y lo metió en la secadora de sus suegros para esconderlo. Tenía miedo, según dijo, de las represalias de su marido, que ya la había acusado antes de tener un hijo que no era suyo.