El dinero fácil les hizo caer al lado oscuro y acabaron por asociarse con aquellos a quienes debían perseguir. Nueve guardias civiles y dos inspectores de policía están acusados por el fiscal de unirse a una banda de peligrosos narcotraficantes para organizar en Catalunya una maquinaria criminal especializada en el robo de partidas de droga que entre los años 1999 y 2005 les permitió obtener millonarios beneficios.
La simbiosis era perfecta: los ladrones informaban a los agentes de qué narco había recibido una partida de estupefacientes y estos presuntamente montaban falsas operaciones antidroga para robar la mercancía y luego revenderla. Así lo hicieron hasta el 2005, cuando robaron un alijo de droga oculto en un contenedor del puerto de Barcelona. Primero fueron detenidos los narcos y después, tras una serie de rocambolescas delaciones y declaraciones de confidentes, cayeron los agentes. Ahora, tras una ardua investigación, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo detalla esa trama en su escrito de acusación y cuantifica en años el castigo que esos servidores públicos deben pagar por su viaje a la zona de sombra.
El fiscal solicita penas de entre dos años y tres meses y 52 años de prisión para una presunta trama de corrupción de 25 personas que gira sobre un influyente grupo de narcotraficantes, nueve guardias civiles, entre ellos un teniente coronel, y dos inspectores del Cuerno Nacional de Policía. También figura un periodista. El escrito de acusación ha sido remitido al tribunal de la Audiencia de Barcelona que deberá juzgar este asunto, uno de los más importantes casos de corrupción policial descubiertos en Catalunya y que empezó a investigarse a raíz del robo, en el 2005, de 400 kilos de cocaína de un contenedor en el puerto de Barcelona. Las pesquisas las dirigió una jueza de Martorell, los fiscales Fernando Bermejo y David Martínez Madero y la misma Guardia Civil.
