El primer aniversario de la ley del tabaco traerá consigo otra polémica al entrar en vigor su última medida: a partir del 1 de enero, las máquinas expendedoras de cigarros de bares y restaurantes deberán incorporar un sistema de seguridad que impida comprar un paquete sin la supervisión del camarero, lo que evitará el acceso a los niños. Según fuentes del sector hostelero y de los fabricantes de las máquinas, no obstante, apenas la mitad de los 280.000 establecimientos han incorporado el mecanismo.

Solo las discotecas y los pubs, donde los menores de 18 años tienen prohibida la entrada, se salvarán de instalar el dispositivo electrónico, que funciona de forma parecida al mando a distancia que se utiliza para abrir la puerta de un parking. Será el hostelero quien, tras comprobar la edad del cliente, deberá apretar un botón para que la máquina permita introducir las monedas y sacar una cajetilla.

200 EUROS CADA DISPOSITIVO Fuentes del Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo dependiente del Ministerio de Economía y encargado de cursar las licencias de instalación de las máquinas, recuerdan que los dueños han tenido todo un año para comprar un aparato nuevo, que ya lleva incorporado el dispositivo, o adaptar los viejos. Para esto último, han de adquirir un kit de cambio de memoria, que cuesta unos 200 euros.

Iñaki González, jefe de producto de Azkoyen, que fabrica alrededor de la mitad de las máquinas que funcionan en España, explica que "la norma afecta a unas 100.000 expendedoras, y la mitad ya llevan el dispositivo o se ha solicitado la actualización". Las peticiones de bares y restaurantes, añade, "se empezaron a multiplicar hace unas seis semanas". Salvador Font, responsable de ventas de la empresa Jofemar, otra de las grandes fabricantes, también asegura que los locales lo han dejado todo para última hora, lo que les está obligando a trabajar horas extras, sábados y domingos incluidos. Aun así, estima que más del 40% de sus clientes todavía no están adaptados y corren el riesgo de tener que apagar las máquinas a partir del día 1 si no quieren ser multados.

MULTAS ELEVADAS Las máquinas que no se adapten a ley, según el Ministerio de Economía, pasarán a la ilegalidad. Esto supone que los dueños podrían tener que hacer frente a una sanción que va de los 601 a los 100.000 euros.

Cabe recordar que algunos de estos aparatos no son propiedad del bar o restaurante, sino que es el fabricante quien se los cede a cambio de una comisión. No obstante, en caso de haber multa, quien debería pagarla es el propietario del establecimiento, ya que es él quien debe velar por que se cumplan todos los preceptos legales dentro del local.

Según la Federación Nacional de Hosteleros, este colectivo solo es dueño de un tercio de las máquinas existentes. "Las máquinas se mantienen básicamente por ofrecer un un servicio al cliente. Los dueños de algunos locales pequeños están pensado en retirarlas", comenta José Luis Guerra, presidente adjunto.

"Esto no es rentable. Solo se ganan 15 céntimos por cajetilla vendida. Si encima tenemos que hacer de policía y con tanto mando y más lío, casi no merece la pena, es mejor que se la lleven", asegura José María Díaz, dueño del restaurante Aolmar de Madrid.

Para el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), organización integrada por 42 sociedades científicas y asociaciones sanitarias, el sector hostelero no tiene ninguna excusa para no haber adaptado las máquinas. "Han tenido todo un año para algo tan sencillo. A la dejadez y desprecio a la ley por parte de la hostelería se une la falta de celo inspector por parte de los responsables. Se junta el hambre con las ganas de comer", denunció su presidente, Rodrigo Córdoba.

El Gobierno, por su parte, insiste en que esta nueva medida tiene como objetivo obstaculizar al máximo la compra de tabaco por parte de menores. Precisamente, la ley antinicotina considera como la infracción más grave de todas es la venta de cigarros a niños, de ahí su elevada sanción.