El Gobierno de Madrid sigue decidido a aplicar la ley del tabaco a su manera, con mucha flexibilidad. Su presidenta, Esperanza Aguirre, insistió ayer en que el futuro decreto autonómico que desarrollará la normativa --cuya aprobación se prevé dentro de dos semanas-- permitirá fumar en las celebraciones sociales o institucionales, en bares y cafeterías de empresas y en restaurantes durante actos privadas. La ley lo prohíbe claramente, según fuentes del Ministerio de Sanidad y el dictamen del Consejo de Estado, hecho público el martes.
"La decisión de fumar o no quedará en manos de los novios o de quienes alquilen el local", anunció al término del Consejo de Gobierno en el que, según dijo, todo el Gabinet adoptó esta posición por "unanimidad".
Aguirre, que mantiene un desafío contra la ley desde su entrada en vigor el pasado 1 de enero, rebatió y menospreció el fallo del Consejo de Estado, órgano consultivo que analiza si las normativas que aprueban las administraciones cumplen la ley. "Su informe no es definitivo y sus decisiones no tienen carácter vinculante", rebatió la popular.
El Consejo de Estado considera ilegal fumar en bodas y banquetes, cierra la puerta a que las empresas habiliten zonas para fumadores en sus cafeterías con una superficie de más de 100 metros cuadrados y cuestiona la legalidad del régimen sancionador propuesto por Manuel Lamela, que prevé imponer las multas en su grado mínimo.
Aguirre reiteró que acata la ley y el derecho de los no fumadores sobre los fumadores, pero dijo que su Gobierno debe defender la libertad, la dignidad, y el derecho de los ciudadanos, fumen o no.
