El gobierno de Esperanza Aguirre desafió ayer al Ministerio de Sanidad y anunció un decreto que permitirá fumar en cafeterías de centros de trabajo, en las "unidades no productivas" (balcones, patios, terrazas) y en las clásicas celebraciones. También se permitirá fumar en los reservados de los restaurantes en bautizos, comuniones y bodas y no se obligará a separar con tabiques enteros los espacios en los bares.
La ley del tabaco, que entró en vigor el 1 de enero, establece la prohibición total de fumar en los centros de trabajo e indica que en los establecimientos de hostelería donde se puede fumar, la zonas de fumadores deberán estar separadas y "perfectamente compartimentadas".
El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, anunció que este decreto entrará en vigor tras los informes, no vinculantes, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado. Mientras se cumplen estos trámites, que podrían prolongarse varios meses, el Ejecutivo de Aguirre, según el texto, tratará de "conciliar" los derechos de los fumadores y no fumadores.
"Los poderes públicos no han de imponer normas de conducta, por muy saludables que sean, sino proteger la libertad, los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, sean o no fumadores", defiende el preámbulo, en un párrafo que parece especialmente dirigido a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, que la pasada semana acusó al Gobierno de Madrid de ir con esta ley en contra de la salud de los ciudadanos.
Lamela dijo que "no es inconstitucional ni ilegal" y que palía la "falta de concreción y la inseguridad jurídica" de algunos artículos de la ley.
