Amnistía Internacional denunció ayer la "invisibilidad administrativa y vulnerabilidad" de las inmigrantes indocumentadas que viven en España, en especial las que son víctimas de violencia de género, a quienes se niega el permiso de residencia si rompen con la pareja y el acceso a las redes asistenciales.

En rueda de prensa para presentar el informe Mujeres invisibles, abusos impunes , Cristina Corredor, del Comité Ejecutivo de Amnistía (AI), pidió que la actual reforma de la ley de extranjería --en tramitación parlamentaria-ú recoja una serie de medidas para proteger "los derechos humanos" de estas mujeres.

Según dijo, la ley hoy en vigor y su reforma en marcha, especifica que en caso de cesar la convivencia antes de los dos años de la reagrupación de la mujer por parte de su pareja "se queda sin permiso de residencia y, por tanto, en situación irregular".

Por ello, pidió que el Gobierno garantice a este colectivo de mujeres el acceso a un permiso de residencia independiente de su pareja.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Mujeres Ecuatorianas Rumiñahui, Dora Aguirre, criticó que esta modificación legislativa "en ningún momento" contemple la perspectiva de género, opinión compartida por Malika Abdelaziz, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME), y por Esther Peña, del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).

De acuerdo con Aguirre, en torno a un 50% de las 75.000 ecuatorianas que viven en España están en situación irregular, la mayoría de las cuales trabajan en el sector doméstico.