Tras repetir durante meses que la situación con los controladores aéreos era insostenible para el país por sus elevados sueldos y escasa productividad, que el colectivo disfrutaba de unas condiciones laborales inconcebibles en otros países de Europa, y que España no podía permitirse continuar acarreando con sus "privilegios", el ministro de Fomento ofreció ayer en el Congreso un nuevo argumento, directamente dirigido a los consumidores, para justificar el decreto ley del pasado viernes en el que rebajó de salario y poderes a estos profesionales: la medida, sostuvo José Blanco, hará que volar a y desde España sea más barato.

"Las tasas de navegación aérea se rebajarán un 8% en el 2011 y un 7% en el 2012 es decir, un 15% en dos años. Esto tendrá repercusiones sobre las compañías y sobre los precios de los billetes", dijo Blanco antes de que la Cámara baja aprobase la convalidación del decreto ley, que eleva de 1.200 horas a 1.750 la jornada básica anual de los controladores y supone, en la práctica, que cobren una media de 150.000 euros menos al año sobre lo que percibían con su antiguo convenio colectivo.

APOYO CON CRITICAS Fue un debate extraño. Todas las fuerzas políticas menos IU apoyaron la iniciativa de Fomento, pero en el hemiciclo hubo mucho más reproches que enhorabuenas. Porque había actuado de forma precipitada, porque había tardado demasiado, porque no había seguido los cauces habituales o porque había demonizado a los controladores, todos los grupos --menos el socialista, por descontado-- criticaron a un ministro de Fomento que también anunció que estaba dispuesto a "mejorar" un decreto que ahora, aunque ya esté en vigor, será tramitado como proyecto de ley.

El más duro fue Gaspar Llamazares, de IU, quien basó su rechazo en una presunta violación del derecho constitucional a la negociación colectiva y en que, según dijo, el Ejecutivo busca "privatizar el sector aéreo". "¿Cómo se pueden defender a quienes están cobrando al año más de 500.000 euros?" el sueldo medio, en realidad, ronda los 350.000, le reprochó Pere Macias, de CiU, que antes había señalado que para explicar la situación a la que se había llegado convenía acudir a "las cúpulas ministeriales o acaso presidenciales que han cedido a las condiciones de los controladores".

Los reproches de Andrés Ayala, del Partido Popular, tuvieron más que ver con la forma y el tiempo. "Esta medida debería haberse tramitado con el sosiego de un proyecto de ley. Ahora ustedes han tomado medidas de riesgo cuando no han tomado medidas de prevención", apuntó. Desde ERC, Francesc Canet advirtió de los riesgos para la seguridad aérea que puede acarrear el conflicto laboral.

Y justo después de la votación (332 votos a favor, cuatro en contra y una abstención), el sindicato mayoritario de los controladores, USCA, se lamentó de que todos los partidos políticos menos Izquierda Unida respaldasen "la vulneración del derecho a la negociación colectiva".