El Gobierno autorizará un aumento de las tarifas eléctricas para que este sector pueda afrontar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a que le obliga el protocolo de Kioto. Lo anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante la presentación del primer borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión que establece un recorte global de vertidos a la atmósfera de del 0,4% para el período 2005-2007 respecto a las cantidades emitidas en el 2002. Es una reducción mínima, pero que viene a frenar lo que hasta ahora era un crecimiento desbocado.

Para el sector eléctrico, el recorte se eleva al 9,9%. De 95,9 millones de toneladas de CO2 equivalente deberán bajar a una media anual de 86,4 millones. De hecho, los productores de energía son los

únicos que verán mermar su cuota actual. Serán los que soportarán el peso del ajuste, porque a los sectores industriales se les permitirá un aumento de 7,2%, con un máximo del 18% que podrán alcanzar las papeleras.

No es extraño, por tanto, que las tarifas eléctricas acaben resintiéndose. Para seguir produciendo la mismas energía con menos contaminación, las eléctricas deberán hacer un esfuerzo de inversión en sistemas de menor impacto ambiental.

AUMENTO MINIMO La ministra no precisó ni la cuantía ni a partir de cuando podría aplicarse el aumento de precios. Eso sí, advirtió que en España "la energía es bastante más barata que en otros países de nuestro entorno". Fuentes del Ejecutivo aseguraron, sin embargo, que la subida será "mínima" y que podría aplicarse el próximo año. El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, garantizó que "los efectos sobre las tarifas serán minimizados".

Narbona admitió que el recorte global del 0,4% en el conjunto de las emisiones puede parecer escaso, pero advirtió que se trata de un gran avance si se tiene en cuenta que "de no poner en marcha estas iniciativas estaríamos creciendo muy por encima de los objetivos de Kioto durante los próximos años".

ANTES DEL 1 DE AGOSTO El plan debe ahora concretarse mucho más, hasta detallar qué emisiones les corresponde a cada empresa y a cada centro de producción. Una vez ratificado por el Gobierno, este debe remitirlo a la UE antes del 1 de agosto.

Si es aprobado, las empresas empezarán a presentar sus solicitudes oficiales de derechos hasta el 1 de octubre en las comunidades autónomas, que son las que las concederán. Un decreto regulará los trámites.