Fumata blanca en Berlín. Tras una noche en blanco y más de 18 horas de «duras negociaciones», el Gobierno de la cancillera Angela Merkel acordó ayer un paquete de medidas con el que pretende combatir el cambio climático e impulsar una nueva transición verde en Alemania. Para ello, el Ejecutivo destinará 54.000 millones de euros.
Ha sido un pacto entre conservadores (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) muy difícil. El acuerdo fija la introducción de un precio para las emisiones de CO2 en el sector de la construcción y el transporte que encarecerá el uso de gasolina, diésel, gasóleo para la calefacción y gas natural. Ese aumento se aplicará a través de un mecanismo de comercio de emisiones y se pondrá en marcha a partir del 2021. Así, la visión de los de Merkel se ha impuesto mientras que la petición socialdemócrata de crear un impuesto específico para el CO2 ha sido descartada.
El objetivo compartido de las negociaciones ha sido impulsar un plan en el que las nuevas políticas no perjudiquen ni a la industria ni tampoco a la clase trabajadora, un plan «económicamente sensato y socialmente aceptable», lo describió Merkel. E se encarecimiento del gas de efecto invernadero se compensará con incentivos y beneficios fiscales para aquellos que se pasen a energías más limpias.
La misión de este plan será cumplir con unos objetivos climáticos del 2030 que aún quedan lejos, eso es, con una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en base a las de 1990. En las más de 200 páginas del documento figuran medidas como sancionar los coches más contaminantes e incentivar los eléctricos, encarecer los vuelos nacionales y reducir el precio del transporte público, transformar la agricultura a un sistema con menos emisiones, construir más puntos de carga para coches eléctricos o prohibir la calefacción de gasóleo a partir del 2030.
Además de cumplir con sus objetivos ambientales la medida también pretende impulsar una economía alemana al borde de la recesión a base de inversiones públicas que ayuden a modernizar la industria. Berlín ha anunciado que puede subvencionar el plan sin romper con su dogmático equilibrio presupuestario.
El paquete es, muy probablemente, la última gran medida política de Merkel, y puede quedar marcada como su legado. Hace años la canciller fue alabada por romper con parte de las reticencias de su partido e impulsar el cierre de las centrales nucleares tras la catástrofe de Fukushima. Entonces fue incluso vista como una líder medioambiental, pero lo cierto es que no ha hecho los deberes. Alemania es la sexta potencia más contaminante del mundo y uno de los países que explota más lignito, el más nocivo de los carbones. Los objetivos del 2020 no se cumplirán y va en camino de incumplir también los de 2030. El acuerdo puede revertir esa negligencia.
Acordado en el pacto de coalición que sellaron en marzo del año pasado, este paquete de medidas climáticas también tiene un objetivo político: reforzar el gobierno entre conservadores y socialdemócratas. Y es que la crisis perpetua en la que vive instalado el SPD amenaza con una salida abrupta del ejecutivo que partiría la última legislatura de Merkel. A finales de año el socio minoritario decidirá si mantiene el rumbo fijado o salta a la oposición. A esa preocupación también se le suma la contienda política por el ascenso electoral de los Verdes, que ya han desplazado al SPD.
Sin embargo, el acuerdo del gobierno no ha gustado a las organizaciones ambientales. «Es un escándalo que ni es ambicioso ni efectivo», ha criticado Luisa Neubauer, cara visible del movimiento Fridays for future en Alemania.
