Desde que en el 2010 se aprobó la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y que generalizó el aborto como prestación pública, 8.000 mujeres (1.000 al año) han sido víctimas de acoso por los grupos antiabortistas, en unas 100 acciones de hostigamiento al año, según las clínicas acreditadas para practicar abortos. Ante esta situación, 62 organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas unieron ayer sus voces para iniciar la campaña #abortosinacoso. Con ella, piden a las administraciones que tomen partido y eviten que se obstaculice el derecho a decidir de las mujeres sobre su reproducción, de un lado, y el derecho laboral de los trabajadores de estas clínicas, que también son coaccionados, de otro.

Para ello, exigen al Gobierno varias medidas, entre ellas la inclusión en el Código Penal de un delito específico que castigue con dos años de prisión y multa de 30.000 euros toda acción destinada a tratar de impedir el aborto por cualquier medio, incluyendo la difusión de información errónea. En Francia ya existe un delito de esta naturaleza, que las plataformas antiacoso exigen aprobar en España y que sea considerado un delito público, de forma que las fuerzas de seguridad puedan actuar de oficio -y a través de su atestado se abra el procedimiento-, sin que sea necesario que testifique la víctima.

En la actualidad, los delitos de injurias o intimidación que se podrían aplicar ante este tipo de hostigamiento requieren que sea la víctima la que presente la denuncia, pero las plataformas promotoras no quieren «heroínas» o mujeres que tengan que presentar denuncias «una a una», sino «soluciones globales» que frenen los acosos.

Conscientes de la falta de Gobierno y la dificultad de aprobar, sin mayoría, un cambio de una ley orgánica, la campaña #abortosinacoso pide al menos que se establezcan zonas de seguridad en torno a los centros sanitarios acreditados para la práctica de abortos, como ya existen en otros países. El PSOE, en la propuesta de negociación con Podemos, incluyó esta medida y ahora faltaría que la plasmase también en su programa electoral de cara al 10-N.

Por último, estos colectivos exigen a los ayuntamientos que hagan cumplir sus ordenanzas, las cuales impiden manifestaciones no autorizadas o que se obstaculice la circulación, entre otras prohibiciones que frecuentemente se saltan los grupos que tan pronto colocan fetos, ataúdes o con aparatos para hacer ecografías con sangre a las puertas de las clínicas. Según José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, la asociación de clínicas acreditadas, los acosos e insultos se han incrementado en los últimos años y, sobre todo, desde que Vox ha ganado músculo.