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Alquileres con trampa

El 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler mensual H El coste de acceso a la vivienda es más alto para las familias vulnerables

 

Desahuciada 8María Ángeles Oeo, de Madrid, tiene dos hijos. -

Madre monoparental 8 Alba, con uno de sus tres hijos, en su piso. - CARLOS MONTAÑÉS / JOSÉ LUIS ROCA

MANEL VILASERÓ
21/01/2018

Una ecuación diabólica que resume por qué el acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los factores clave del aumento de la desigualdad social en España: mientras los salarios de la gran mayoría permanecen estancados tras años de caída libre, el precio de la vivienda, sobre todo la de alquiler, se dispara, generando una nueva burbuja. El año pasado creció un 18%, según el portal Idealista, y ya supera las cifras anteriores a la burbuja inmobiliaria precrisis.

«Los costes de acceso a la vivienda son proporcionalmente mucho más elevados en las familias de rentas más bajas, que se ven obligadas a destinar una mayor parte de sus ingresos a la adquisición o alquiler de un piso, lo que profundiza aún más la desigualdad social», resume Carme Trilla, presidenta de la entidad social Habitat3.

Eurostat proporcionaba el pasado junio una comparación reveladora. España es uno de los cuatro países de la UE, junto a Rumanía, Estonia y Grecia, donde se supera el llamado índice de sobreesfuerzo 40/40 para los inquilinos. El 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27% y en países como Francia y Alemania es tan solo del 14,9% y del 22,8% respectivamente. «Y en ambos países los gobiernos están preocupados porque creen que el porcentaje es alto», apunta Trilla.

Una de las consecuencias de esta situación es que el número de desahucios de inquilinos sigue aumentando y supera ya el 60% del total de lanzamientos. Durante el tercer trimestre del 2017 se produjeron 6.969 en toda España, muy por encima de los 4.063 ejecutados sobre viviendas de propiedad, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras la frialdad de las cifras se esconden dramas humanos como el de María Ángeles Oeo, a quien el pasado lunes el fondo buitre Blackstone echó a la calle pese a tener a su cuidado a dos hijos, el mayor de los cuales, de 16 años, sufre una minusvalía del 40%. María Ángeles vivía en el barrio madrileño de Vallecas en una de las 1.800 viviendas sociales que la anterior alcaldesa vendió a los inversores estadounidenses, pero desde el lunes está realojada provisionalmente en un hostal por los servicios sociales del ayuntamiento.

«Vinieron 11 furgonetas de los antidisturbios para desalojar a una madre y sus dos hijos. Vergüenza les tendría que dar», lamenta María Ángeles, que ve el futuro muy negro. «En dos meses se me acaba la renta mínima de inserción, los 430 euros que daban para ir sobreviviendo, y no se cómo acabará todo», se queja.

El origen del fenómeno se sitúa en el desembarco de grupos inversores al calor de la alta rentabilidad que garantiza la compra en las zonas más cotizadas que luego destinarán a residencias de lujo, oficinas de alto standing o apartamentos para turistas. «Con la crisis se cortó en seco la promoción de viviendas públicas y asequibles y ahora cuesta mucho volver a ponerla en marcha. Nunca debió cortarse», explica Trilla.

España es uno de los países de la UE con el porcentaje de vivienda social más bajo: un 1,1% frente al 32% de Holanda; el 23% de Austria; el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia, según el informe de Amnistía Internacional España: la vivienda, un derecho hipotecado.