El presidente de Altadis, Jon Fernández de Barrena, ha alertado del peligro de comercializar productos de vapeo fuera de los cauces legales, sin control, en alusión a la situación en Estados Unidos, así como del riesgo que supone para el aumento del contrabando llevar a cabo políticas fiscales "agresivas" sobre el tabaco.

Fernández ha inaugurado el V Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, que se celebra este jueves en Mérida con el objetivo de aunar fuerzas entre el sector público y privado para terminar con esta práctica ilegal, que ha reunido a unos 300 expendedores de todo el país.

En su intervención, se ha referido a la operación realizada por la Guardia Civil a mediados de septiembre en Herrera del Duque, donde se descubrió una fábrica de cigarrillos electrónicos y productos de vapeo, sin control profesional y sanitario, para su venta por internet sin autorización comercial, con el "grave" riesgo que esto representa para la salud pública.

En este sentido, ha aludido a la situación del vapeo en Estados Unidos y ha señalado que, según las autoridades sanitarias norteamericanas, el mercado negro y los líquidos adulterados con productos derivados del cannabis parecen estar detrás de una situación que, a su juicio, "no es comparable con España".

Según ha explicado, en España los productos de vapeo cumplen con los "más altos estándares" de calidad, fabricación y seguridad, con base científica para proteger a los consumidores".

Por ello, ha incidido en "la desinformación y los ataques que sufre la práctica del vapeo, hasta el punto que Myblu Spain, sociedad del grupo Imperial Brands que comercializa estos productos en España, ha tenido que denunciar por engañosa la publicidad del Ministerio de Sanidad al incluir el vapeo en una campaña contra el tabaco", cuando son productos "completamente distintos", según Fernández.

En cuanto a la política fiscal en el sector del tabaco, ha manifestado que impuestos "agresivos" como los de Francia, que suponen un aumento "desproporcionado" en el precio de la cajetilla -alcanzará los diez euros el próximo año-, no han conseguido el objetivo sanitario de reducir el consumo.

Por el contrario, han provocado un aumento de las ventas en las zonas fronterizas y el comercio ilícito de cigarrillos, con la consiguiente reducción de los ingresos fiscales.