Por mucho que una de las principales promesas del PP en campaña electoral fuera revertir Madrid Central, la movilización de buena parte de la ciudadanía a favor de la medida implantada por Manuela Carmena, la decisión de hasta tres jueces de mantener las multas a los vehículos que incumplan las restricciones tras dejar sin efecto la moratoria del actual consistorio y, por último, la amenaza de multa millonaria por parte de la Unión Europea a España por incumplir la normativa de la calidad del aire en Madrid y Barcelona hará que el ayuntamiento -ahora en manos de PP y Cs, con el apoyo externo de Vox- recapacite, según las organizaciones ecologistas.

«O se vuelven antisistema» o la decisión de la Comisión Europea de llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por incumplir la legislación comunitaria sobre calidad del aire «les hará redoblar los esfuerzos, como hicieron otros países durante un proceso sancionador similar», sostiene Juan Bárcena, responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción. «La decisión de la UE es el remate definitivo que obligará a Madrid a dar marcha atrás y contemplar restricciones a los vehículos. No les va a quedar más remedio», opina Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. Las organizaciones ecologistas son conscientes de que, ante el sonoro rechazo del PP a Madrid Central, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «hará comunicativamente lo que pueda» para convencer a los ciudadanos de que ha cumplido su promesa, cambiando el área de nombre, modificando las condiciones o variando las calles afectadas.

«MODELO ALTERNATIVO» / De momento, el consistorio ya ha señalado que en los próximos meses presentará ante la UE «un modelo alternativo» al diseñado por Carmena, que incluía Madrid Central y otras muchas disposiciones contenidas en el Plan A de Calidad del Aire, para «paliar la polución y evitar la posible sanción a España». El mantra del nuevo alcalde es que hay que adoptar medidas de contención de la contaminación en los 21 distritos de la ciudad y no solo en el centro, pero no ha detallado cuáles serán, salvo algunas pinceladas del pacto de gobierno con Cs ya anunciadas por portavoces municipales, como aparcamientos disuasorios, más carriles bus y el cierre de entre 300 y 500 calderas de carbón que aún quedan en Madrid.

Según las oenegés medioambientales, estas medidas son «irrelevantes» o ya estaban incluidas en la propuesta de Carmena, y «lo que dice ahora la UE es que ese plan es insuficiente, con lo que no pueden bajar todavía más el listón», advierte Bárcena. El portavoz de Greenpeace sostiene que Madrid deberá impulsar medidas «efectivas» de restricción del tráfico y «dejar de tirar balones fuera», como hicieron los seis países denunciados por la UE el año pasado, entre ellos Francia y Reino Unido.

El Ayuntamiento de Barcelona señaló ayer que no dará «ni un paso atrás» en la lucha contra la contaminación.