El 99% de las víctimas de la violencia doméstica han pasado por un centro sanitario en el transcurso del año después de ser agredidas. Algunas, por lesiones físicas. Otras, las más, por problemas psicológicos derivados de estas agresiones. Las estrategias de actuación y detección de estos casos en los centros de salud son paupérrimas, indicó ayer el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán. Para mejorar los diagnósticos, "el Gobierno debe tratar el maltrato como un tema de salud pública y aplicar medidas como una mayor formación de los médicos", añadió.

Como respuesta a estas críticas, el Ministerio de Sanidad anunció que un grupo de trabajo de la comisión de violencia sexista está terminando el diseño de un protocolo común de detección en todos los centros sanitarios, que espera que se presente a principios del 2007.

Aunque la ley aprobada por el Gobierno en el 2004 establece directrices sobre atención a las víctimas de violencia sexista en hospitales y CAP, la mayoría de mecanismos se incumplen. Así lo indica el informe Hay que actuar a tiempo, presentado ayer por Amnistía. Según la oenegé, varios puntos de la norma tratan sobre la formación de los profesionales de la salud, "pero solo un tercio de las comunidades desarrollan planes específicos". Cataluña no está en ese grupo, y este no es su único déficit: esta comunidad, Andalucía y Madrid son las únicas sin protocolos de actuación del personal sanitario contra las agresiones. Ante esta desigualdad autonómica, la organización pide una estrategia sanitaria estatal, que el ministerio ha empezado a esbozar.

La doctora Pilar Babi, recordó, por su parte, que las víctimas tardan siete años en romper con el agresor, "algo que se evitaría si los CAP tuvieran más medios" .