Cuando tenía 18 meses, Aránzazu Celdrán fue entregada por su abuela a un centro de acogida en Granada. Sus padres, toxicómanos, no podían hacerse cargo de ella, así que Celdrán residió primero en la instalación andaluza y, después, ya de adolescente, en el centro de Font Fregona, en la provincia de Barcelona. "Te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasabas allí horas, te hacías todo encima. No sabes quién eres. Pierdes la cabeza", contó Celdrán a la oenegé Amnistía Internacional, que ayer divulgó un informe, repleto de testimonios de "abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, encierros en celdas de aislamiento, mordazas o medicaciones sin diligencia", sobre los centros terapéuticos de Andalucía, Cataluña y Madrid donde se hallan internados menores con trastornos de conducta y dificultad social.

No es la primera vez que estas instalaciones aparecen retratadas en estos términos. El trabajo de Amnistía --elaborado a partir de más de 100 entrevistas a jóvenes, familiares y personal de los centros--, se basa en gran parte en uno del Defensor del Pueblo publicado el pasado febrero que también hablaba de ayunos forzosos y celdas de aislamiento "verdaderamente atroces".

¿Qué ocurre en los centros terapéuticos de menores? Amnistía dice que "la situación de estos niños resulta invisible a la sociedad porque se desconoce el número de centros terapéuticos abiertos en España y el número de menores internados", que los poderes públicos "no llevan a cabo con regularidad sus funciones de supervisión y exigencia de rendición de cuentas a las entidades que los gestionan", que estas incluso "obstaculizan" las inspecciones de organismos independientes y, por último, que "cuando se producen abusos, no se establecen los medios para que los menores, sus familiares o los educadores puedan denunciarlos y exigir responsabilidades de manera efectiva".

La Generalitat catalana tachó el informe de "tergiversado y demagógico", dijo que Amnistía no había entrado en ninguna de estas instalaciones y aseguró que los supervisores han inspeccionado en repetidas veces estos centros. Tanto la Junta de Andalucía como la Comunidad de Madrid aseguraron también que las instalaciones eran visitadas con frecuencia y que los derechos humanos de los internos estaban "garantizados".

LA OPINION DEL FISCAL Tras examinar el informe, el fiscal delegado de menores de Barcelona, Juan José Márquez, manifestó que compartía su "crítica general al funcionamiento de estas instituciones", pero "no tanto las críticas concretas". Algunas de las historias narradas en el documento --continuó-- son, por lo que él ha investigado, "falsas". "Pero el tema es muy complejo y la situación actual es muy mejorable. Se requieren más controles; la falta de medios es más que evidente", añadió el fiscal.