Amnistía Internacional (AI) ha instado hoy a los ministros de Justicia e Interior reunidos en Bruselas a condenar lo que denominan una "caza de brujas" del gobierno italiano contra la comunidad gitana.

"Tras las críticas de la Comisión y el Parlamento europeos, son ahora los estados miembros de la Unión Europea (EU) los que deben condenar esta auténtica campaña de discriminación", asegura la organización en un comunicado.

La iniciativa de hacer un registro de las huellas digitales de todos los gitanos que viven en Italia, incluidos los menores, "no es más que la última de una serie de políticas discriminatorias adoptadas por las autoridades italianas", añaden.

"Desde 2007 se ha producido un aumento del número de desalojos forzosos, como el del asentamiento de Tor di Quinto, en Roma, en el que gran número de personas, muchas de ellas ancianas y menores de edad, quedaron abandonadas en medio de la noche tras ser destruidos sus hogares", afirma AI.

Por estos motivos, y teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y europeas contraídas por la UE y sus estados miembros en materia de derechos humanos, la organización pide al Consejo de Ministros de Justicia e Interior que traslade una serie de exigencias a Italia. En primer lugar, que ponga fin "de inmediato" a medidas "discriminatorias" como la toma de huellas dactilares en razón de etnia y los desalojos forzosos "ilegales".

Asimismo, pretenden que Italia adopte las medidas penales y disciplinarias adecuadas para acabar con el "uso despectivo o racista del lenguaje" por parte de funcionarios y políticos.

Además, quieren que se vuelva a evaluar "el estado de excepción, la legislación y las medidas derivadas de él", a fin de garantizar su compatibilidad con el derecho internacional y europeo.