Con semblante serio y esposada, Ana Julia Quezada accedió sobre las 8.55 horas de la mañana a la Audiencia provincial de Almería, donde desde este lunes se enfrenta al juicio por la muerte en 2018 del niño Gabriel Cruz, hijo de su entonces pareja. Su llegada ha sido discreta, con un coche policial escoltando el furgón que la ha trasladado desde el penal de El Acebuche y sin más testigos que los medios de comunicación que desde primera hora aguardaban su entrada. Nada que ver con los vecinos exaltados que se congregaron ante la comisaria tras conocer su detención con el cadáver del pequeño de ocho años.

Quezada es la primera mujer en nuestro país que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable. El fiscal reclama esa pena por un delito de asesinato con alevosía y dos delitos más de lesiones psíquicas a los padres, ya que durante diez días estuvo acompañándolos en la búsqueda del pequeño de forma activa y llorando su desaparición. La acusación que ejerce la familia le acusa además de haberse ensañado con el menor. Los miembros del jurado deberán reunir al menos siete votos a favor de declararla culpable, mientras que si se inclina por su inocencia, sólo harán falta cinco.

El juicio se prolongará durante ocho sesiones, según las previsiones del tribunal. Tras la declaración de Quezada, la segunda sesión se reserva para el testimonio de los padres y familiares de Gabriel, como su abuela y una prima, que responderán a las preguntas del juez a puerta cerrada, tal y como ha ordenado la magistrada presidenta de la sala a petición de los propios familiares. Después será el turno de los miembros de las fuerzas de seguridad y voluntarios que participaron en el dispositivo de búsqueda del menor, así como de los jefes policiales de Homicidios y Criminalística.

Ya en la segunda semana, serán los forenses quienes detallen ante el juez los resultados de la autopsia, un momento especialmente delicado que la familia también ha pedido que se haga a puerta cerrada, sin público ni señal televisada de la sala de vistas, para respetar la intimidad del niño. Los últimos en prestar declaración serán los policías que acompañaron a Quezada en la reconstrucción de los hechos en la finca familiar de Rodalquilar, a unos kilómetros de Las Hortichuelas, y se verán también las pruebas documentales. Tras ese momento, y el turno de última palabra de la acusada, será cuando los nueve ciudadanos anónimos que componen el jurado deban retirarse a deliberar sobre las preguntas objeto del veredicto.

La clave del juicio radicará en si finalmente Ana Julia Quezada logra demostrar que, como mantiene, la muerte del niño fue accidental y no premeditada y con alevosía, como sostiene el ministerio fiscal. Su relato de acusación dibuja a una mujer fría, que asesinó al pequeño, lo ocultó y trató de despistar a las fuerzas de seguridad ocultando la ropa del niño en un lugar alejado e incluso depositando falsas pruebas para tratar de incriminar a una expareja. Y que inventó excusas para no prestar declaración. Asimismo, le reprocha el “fingimiento y farsa” que mantuvo durante los doce días que se prolongó el dispositivo de búsqueda, o la “falta de humanidad” que demostró cuando, tras desenterrar el cadáver del menor para buscar un nuevo escondite, ante la sospecha de que la finca de Rodalquilar donde lo ocultó iba a ser registrada, insultó al pequeño. “¿No querían pescadito?, les voy a dar un pez por mis cojones”, le grabaron los agentes que le seguían los pasos y que la interceptaron poco después.

Por el contrario, ella insiste en que todo fue un accidente, y pide perdón a la familia, como indicó en una carta remitida a un programa de televisión ya desde la cárcel donde ingresó de manera preventiva. Según explicó a los agentes y el juez, tras encontrarse a Gabriel cuando éste iba de camino a casa de unos primos, distante apenas 100 metros de la casa de su abuela, le llevó a la finca de Rodalquilar. Allí recriminó al niño por estar jugando con un hacha, pero éste le insultó (“negra fea”) y culpó por separar a sus padres. Al taparle la boca le asfixió.