La ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó ayer oficialmente y con un incondicional aplauso un renovado comité de ética --encargado de asesorar al Gobierno sobre materias éticas y sociales relacionadas con la salud-- mayoritariamente conservador. Hasta el punto de que al menos ocho de sus doce miembros se han declarado abiertamente antiabortistas y contrarios a la píldora del día después, la investigación con células madre embrionarias o la reproducción asistida. Aunque el papel de este organismo es meramente consultivo, su aval se convierte en un poderoso argumento cara a la aprobación de una ley.
Como presidenta y representante de este equipo fue elegida la doctora en Ciencias Económicas María Teresa López López, miembro de la Fundación Acción Familiar, un colectivo cristiano que opina que "el matrimonio sigue siendo la mejor fórmula para convivir". Este organismo defendió en su día en un comunicado las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la "violencia estructural" que a su juicio sufre la mujer en su derecho a la maternidad.
Mato no ahorró elogios al comité y les pidió que sean "coherentes con sus principios" a la hora de superar "retos" como "establecer los protocolos de actuación de los comités de bioética en hospitales" o los "criterios de formación de los profesionales, para garantizar las exigencias y consideraciones éticas en la toma de decisiones clínicas".
Seis de los miembros fueron elegidos en el último Consejo Interterritorial de Salud, donde las comunidades gobernadas por el PP tienen mayoría. Solo el catedrático vasco de Derecho Penal Carlos Romeo, también presente en el anterior, y el médico asturiano Ignacio Fernández Muñiz pueden considerarse del sector progresista, lo que supone un "sesgo ideológico claro", según denunciaron asociaciones de mujeres, a las que no gusta ni la composición ni la ideología.
