Andalucía podrá sancionar con hasta 600.000 euros a los médicos que no respeten las últimas voluntades e insistan en mantener con vida a un paciente terminal sin esperanza de recuperación. Así se desprende del proyecto de ley de derechos y garantías en el proceso de la muerte, aprobado ayer por el Gobierno regional y que pretende evitar casos como la polémica por las sedaciones paliativas del Hospital Severo Ochoa de Madrid o el de la parapléjica granadina Inmaculada Echevarría, cuyos médicos se opusieron a su petición de ser desconectada del respirador.
La norma regula el "abanico de posibilidades clínicas" para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos, y cuenta con amplio respaldo ciudadano --a tenor del Barómetro sanitario andaluz del 2007--, así como con aportaciones de 60 colectivos profesionales y sindicales. Ahora deberá ser aprobada en el Parlamento, donde la oposición también dará su visto bueno.
Se trata de la primera ley española que normaliza prácticas ya cubiertas por el decreto de voluntades anticipadas (testamento vital), dando más protagonismo a la autonomía del paciente. La norma pone énfasis en evitar el encarnizamiento terapéutico, por lo que obliga a los facultativos a limitar las medidas de soporte vital cuando la situación clínica del paciente lo aconseje. El enfermo podrá rechazar tratamientos para seguir con vida y pedir ser desconectado de los aparatos. Para evitar acusaciones de mala praxis, se da cierto amparo legal a los sanitarios, al obligarles a requerir la opinión coincidente de al menos tres especialistas de los que atienden al enfermo.
