El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy la primera norma autonómica de España que regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les traten, tanto en centros públicos como privados.

Mientras que PSOE e IU han respaldado los 33 artículos de la normativa, el PP ha votado en contra de tres de ellos, ya que defiende que los profesionales puedan acogerse a la objeción de conciencia, el respeto a la libertad individual y pide una clara regulación de los comités de ética.

PREVALECER LOS DERECHOS DEL PACIENTE

La denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, tiene como objetivo principal que prevalezcan los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria.

Asimismo, el texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar las decisiones que éste tome sin imponerle sus propias opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

NORMA INSPIRADA EN EL CASO ECHEVARRÍA

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha asegurado que la norma, inspirada principalmente en el caso de Inmaculada Echevarría, ocurrido en el 2007, recoge el derecho de los pacientes que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado, y a estar acompañados de sus familiares durante el proceso de la muerte.

José Manuel Mariscal (IU) ha calificado de "histórico" el momento por la capacidad legislativa de la comunidad y el desarrollo de uno de los artículos del Estatuto, el que regula los derechos de la ciudadanía.

El diputado andaluz ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que sea "valiente" y legisle y regule la eutanasia, que no han entrado en la aprobación de la ley, así como el suicidio asistido y la objeción de conciencia de los médicos, porque son aspectos en los que la comunidad no tiene competencias .