Primero fue la lucha contra el desahucio inmobiliario, luego la seguridad alimentaria y ahora llega el turno de combatir el desahucio energético. La Junta de Andalucía trabaja ya en un decreto ley para garantizar un mínimo de agua y luz a las rentas más bajas que según el vicepresidente del Ejecutivo regional, Diego Valderas (IU), podría entrar en marcha el próximo año.

Según Valderas, que ha anunciado la propuesta en el transcurso de una conferencia en el Forum Europa, un grupo de expertos trabaja ya en la medida para disponer de las conclusiones cuanto antes. Se trataría de garantizar el abastecimiento gratuito de al menos cien litros de agua potable al día y el suministro de 1.400 kilowatios anuales por persona para los beneficiarios del salario social y aquellos andaluces que no dispongan de ningún ingreso, siempre que sean titulares de un contrato de suministro.

Con estas cantidades, según apuntan desde IU, se cubriría el marco mínimo establecido por Naciones Unidas en consumo de agua (unos 50 litros por persona y día) y energético, con 2.519 kilowatios anuales.

Según sus cálculos, con esta medida se pretende ayudar a “más de medio millón de personas” en el consumo energético y a más de 54.000 en el gasto de agua. La medida, que Valderas aspira a llevar al Consejo de Gobierno antes de final de año, tendría un coste de 20 millones de euros, que según los primeros estudios se obtendría mediante dos vías: la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y con una redistribución de los presupuestos de las distintas consejerías, con un fondo de solidaridad.

Con esta medida, el Gobierno andaluz pretende convertir la región en la primera “libre de desahucios energéticos y con normativa destinada a garantizar los suministros mínimos de energía”, según ha dicho Valderas, que ha recordado que entre 2011 y 2012 se han ejecutado más de 510.000 cortes de luz en hogares andaluces, una situación a la que intentan poner freno. “Por desgracia a muchas familias en España les cortarán la luz y el agua, pero podremos decir que gracias a este gobierno, ninguna será andaluza”, insistió el número 2 del Ejecutivo.

El PSOE se ha apresurado a matizar las palabras de su socio de Gobierno, y a través del portavoz parlamentario Francisco Álvarez de la Chica, ha señalado que la propuesta está aún en una fase muy preliminar, “cuando el gobierno tenga los datos del estudio tomará las decisiones más adecuadas siempre con la vista puesta en que hay mucha gente que lo está pasando injustamente mal”.

Desde el PP, no obstante, se han mostrado muy críticos y mientras destacan que los ayuntamientos no cortan el suministro energético a los ciudadanos que lo necesiten, han insistido en reclamar que la Junta pague la deuda a los ayuntamientos.