Andalucía protegerá por ley la sanidad pública de cualquier tipo de “agresión” al sistema de bienestar como los copagos, los intentos de privatización o la merma de acceso a determinados tratamientos. El Consejo de Gobierno regional aprobó este lunes el proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público, que tiene por objetivo blindar todos los derechos y prestaciones de la cartera regional de servicios.
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, explicó hoy que el espíritu de la ley, que ahora tendrá que afrontar su trámite parlamentario, se remonta a los años profundos de la crisis, cuando los principios que parecían “inquebrantables” fueron tocados por el Gobierno del PP, en alusión al real decreto del 2012 de medias urgentes para la sostenibilidad. Ese decreto, según Alonso, marcó un “antes y un después” e introdujo elementos como el copago farmacéutico para pensionistas. Ahora, Andalucía, con la socialista Susana Díaz a la cabeza, sigue la senda de marcar un camino alternativo al PP para consagrarse como oposición y protegerse contra “estos continuos ataques”, demostrando la preocupación del Gobierno regional por “mantener intactos los valores de uno de los pilares del Estado de bienestar”.
UNIVERSALIDAD DEL SERVICIO
Más allá de las declaraciones de intenciones con carga política, la ley tendrá efectos prácticos. Así, prevé el acceso a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos, y cuando las prestaciones de la cartera de servicios de sistema nacional de salud prevea algún tipo de pago alternativo, se “arbitrarán” las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir un excluido de una prestación por dinero, según recoge el texto normativo. Esto se traduce entre otros elementos en la universalidad del servicio para todos los andaluces, incluidos extranjeros sin documentación que residan en la comunidad autónoma.
La ley mantiene y consagra derechos ya efectivos en la comunidad como tiempos de espera máximos, libre elección de médico, segunda opinión, declaración de la voluntad vital anticipada y muerte digna o el consejo genético para valorar ciertos asuntos. Uno de los puntos fuertes del texto es su defensa del modelo de subasta de medicamentos, el procedimiento que usa la administración andaluza para abaratar el coste público de los fármacos sin que el precio repercuta en los ciudadanos y que ha sido recurrido en varias ocasiones por el Gobierno central.
SUBASTA DE MEDICAMENTOS
Al respecto, la Junta insiste en este sistema y apunta en la nueva norma que se seleccionarán “mediante procedimientos de convocatoria pública” los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo. Y aboga por otras medidas para el uso racional del medicamento como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes.
El consejero ha defendido la participación de los profesionales en todos los procesos, y al respecto ha negado que la difusión de proyecto se realice en estos momentos para contrarrestar la oleada de protestas en provincias como Granada, Málaga o Huelva reclamando una mejor prestación del servicio sanitario. En este sentido, ha subrayado el compromiso de paralizar las fusiones hospitalarias que han provocado las movilizaciones y la apertura de un periodo de negociaciones para buscar una salida consensuada.
