Andalucía presentó ayer la fórmula legal que le permitirá, como anunció hace tiempo IU, uno de los socios del Ejecutivo regional, declararse "territorio insumiso" a los desahucios. Un decreto ley aprobado por el consejo de Gobierno y que entrará en vigor el viernes permitirá expropiar temporalmente la vivienda a los bancos que vayan a desahuciar a una familia en caso de que esta esté en riesgo de exclusión social.

El decreto ley sobre la función social de la vivienda, presentado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quiere frenar la "quiebra social y la marginación de miles de familias" que se enfrentan a una situación "injusta en términos políticos, sociales y éticos". Y trata de poner coto a los casi 45 desahucios diarios que se llevan a cabo en la comunidad. Desde el 2007 se han producido 86.000 en la autonomía.

"Hasta aquí hemos llegado, Andalucía dice ¡basta!", justificó la responsable de Fomento, pese a que en los últimos tiempos los desahucios bancarios han decaído y se buscan soluciones intermedias.

La norma incluye también medidas para el fomento del alquiler, la autoconstrucción y la atención de la demanda social de vivienda, considerada como "un derecho humano". Pero el punto más llamativo es el que ampara la expropiación temporal a bancos, promotoras o constructoras cuando ejecuten desahucios de primeras viviendas a familias que queden completamente desprotegidas. Para ello será fundamental la información que sobre los casos más graves aporte la red de oficinas de mediación que empezaron a funcionar en septiembre.

La medida "excepcional" se prorrogará tres años, durante los que la familia podrá vivir en la casa a cambio de abonar a la Junta una pequeña cantidad no especificada. Pasado este plazo, la Junta espera que haya un Gobierno central más sensible y "capaz de paralizar los desahucios". En caso contrario, no se descarta ampliar el plazo de expropiación.

Por su parte, los bancos y sus filiales inmobiliarias y otras entidades afectadas, recibirán el 2% del justiprecio. El otro objetivo es cambiar las condiciones del mercado de alquiler y hacer aflorar el parque de casas vacías de bancos y constructoras.