Una argucia legal permitió ayer a la Junta de Andalucía llevar a cabo la primera expropiación temporal a un banco de un piso para que siga viviendo en él la familia que lo perdió por impago de la hipoteca. Se trata del último paso de un expediente iniciado en mayo, que pese al recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Constitucional contra el llamado decreto antidesahucios ha podido concluirse gracias a la reciente aprobación de la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda.

"Hemos pasado del sí se puede al hemos podido", destacó ayer la consejera andaluza de Fomento, Elena Cortés (IU), que emplazó además al Gobierno a convocar la comisión bilateral "a la que está obligado constitucionalmente" para aclarar competencias y evitar que el conflicto entre "gobiernos en pie de igualdad" llegue a los tribunales. "Estamos esperando día y hora --señaló-- para dirimir las posibles diferencias que tenga con esta ley".

La primera beneficiada es María del Carmen Andújar, una vecina de Huelva de 41 años que ayer se mostraba eufórica. "Por fin tenemos tres años de alivio", dijo. Durante este tiempo pagará como máximo el 25% de sus ingresos. Casada y con cuatro hijos, dos de ellos menores, gana 350 euros mensuales.