El Tribunal Constitucional ha anulado una multa de tráfico porque el Ayuntamiento de Granada no hizo nada para localizar al conductor hasta que le notificó el embargo. Por ello, vulneró su derecho de defensa, ya que le impidió recurrir la sanción.
La policía local denunció en el 2003 a Manuel García por estacionar su vehículo en un paso de peatones. Un mes más tarde, el consistorio le pidió que confirmara que él era el autor de la infracción, pero no le entregó la carta porque Correos no encontró la dirección. El segundo aviso tampoco llegó porque la Administración había cambiado el nombre de la vía hacía siete años. Sin embargo, el registro de vehículos tenía los datos y le informó por edicto. Finalmente, en abril del 2004 recibió una providencia de apremio de 363,84 euros.
