Las víctimas de la violencia doméstica que denuncien a su agresor tendrán que esperar a septiembre para poder solicitar la orden de protección que activará las medidas civiles, sociales y penales que la amparan, pues la proposición de ley que regula esta nueva figura no verá la luz hasta el mes de septiembre. Las organizaciones de mujeres creen que la medida ha sido una mera "operación propagandística".
Y es que el compromiso del Ministerio de Justicia y de todos los grupos del arco parlamentario, que consensuaron la norma, era que entrara en vigor antes de las vacaciones de verano. El titular de Justicia, José María Michavila, incluso sugirió que podría empezar a aplicarse con la entrada en vigor de los juicios rápidos, el 28 de abril. Sin embargo, no será así pues la medida no será aprobada de hasta el primer pleno de septiembre. De hecho, se tramitó de urgencia, pero el Senado decidió incluir tres enmiendas que obligan a volverla al Congreso.
