El Ejecutivo aragonés ha decidido requerir oficialmente al Gobierno central la inmediata derogación del decreto que permite abastecer de agua del Ebro a Barcelona desde Tarragona, al considerar que se ha superado, con las últimas lluvias, la situación de emergencia por falta de recursos hídricos. Asimismo, ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del citado decreto-ley, por entender que permite la venta de derechos de agua.

En una comparecencia ante la prensa, el vicepresidente aragonés, José Angel Biel, informó de que también se requerirá a la Generalitat que reconozca formalmente que se han superado las circunstancias de excepcionalidad y le insta a que se abstenga de realizar "cualesquiera actuaciones amparadas en el decreto al no existir cobertura legal de las mismas".

Si ni el Gobierno de la Nación ni el de la Generalitat atienden estos requerimientos, en un "plazo razonable" de tiempo, que Biel no concretó, el Ejecutivo aragonés tiene decidido acudir a los tribunales ordinarios para pedir que un juez ordene la aplicación de la disposición final tercera del decreto-ley, que establece que el dicho decreto tendrá vigencia hasta la superación de las circunstancias que motivaron su aprobación.