El último caso de violencia machista ocurrido el martes en Málaga ha puesto en evidencia los fallos del sistema de protección. El agresor tenía una orden de alejamiento, dos condenas por maltrato y una por amenazas, aunque conmutó la cárcel por un curso de concienciación en igualdad. A la víctima, además, se le había denegado la teleasistencia por un fallo administrativo. José R., de 41 años, había sido condenado el pasado julio, pero se acogió a una de las posibilidades de la ley de igualdad para eludir los 14 meses de cárcel con un curso. Aunque amenazó varias veces con matar a la víctima, se consideró que el riesgo era bajo. Susana G., de 37 años, fue atacada con un hacha por la espalda.
La Administración central había devuelto la solicitud de teleasistencia por un defecto de forma, aunque el ayuntamiento afirma que Igualdad modificó los criterios por falta de recursos.
Para condenar la muerte de la mujer, se concentraron ayer en Málaga unas 200 personas, según los convocantes. En un manifiesto se destacó que "el único culpable es el asesino".
