L a Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha denunciado que la sentencia a Juana Rivas condena tanto a la acusada como a sus dos hijos, que pierden el vínculo con su madre a pesar de que «todos» los informes de especialistas «confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora».
En un comunicado difundido el viernes, se pronunciaron así después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada haya condenado a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.
Este fallo, dicen, «que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social» es producto de ignorar la «obligación» de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, de forma que se pueda interpretar la norma salvaguardando los derechos humanos.
AMJE recuerda que recientes pronunciamientos, como la sentencia de la sala segunda del Supremo del 13 de junio integran el «mandato» de aplicar la perspectiva de género y atender las «circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista».
La asociación señala también que en el 2014 el Comité CEDAW de la ONU recomendó a España, en un dictamen a raíz del asesinato de la hija de Ángela González, que se tomaran «medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica fueran tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos».
AMJE insiste en su comunicado en que no se sigan «ignorando» esos mandatos legales y jurisprudenciales para «dejar de ser herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena» y mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Por otra parte, Francisca Granados, asesora jurídica de Juana Rivas, señaló que la sentencia por la que un Juzgado de Granada la ha condenado a cinco años de cárcel por sustracción de menores es «un suma y sigue, elevado al máximo exponente, de la violencia institucional» que ha padecido junto a sus dos hijos.
La directora de Igualdad y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) expone como «importante problema» la falta de aplicación por la mayoría de los juzgados de las reformas introducidas en el ordenamiento jurídico en 2015 respecto a protección de menores.
