Dos investigaciones atascadas --una técnica y otra judicial-- mantienen vivo el dolor y la indignación de los familiares y amigos de los 154 fallecidos y 18 heridos que iban a viajar en el avión de Spanair que se estrelló hace dos años en el aeropuerto de Barajas. La primera, a cargo del Ministerio de Fomento, no arrojará algún resultado hasta el próximo mes de diciembre. La segunda es de tal complejidad --11.300 folios, 45 causas separadas y 70 partes personadas-- que se demorará al menos otros dos años, según "cálculos razonables" de los allegados de las víctimas del siniestro, que ayer conmemoraron con actos, monumentos, ofrendas florales y placas en Madrid y Gran Canaria los tormentosos momentos vividos hace 720 días.

El caso se encuentra en estos momentos empantanado en una de las "pruebas clave" para conocer qué provocó la caída del avión y, en concreto, el comportamiento del relé R-25, un pequeño interruptor ubicado en el morro de la aeronave que pudo desencadenar la concatenación de fallos técnicos que desencadenaron la tragedia más importante de la aviación española.

Pese a que el juez autorizó hace nueve meses el desmontaje de este dispositivo, los peritos aún esperan los medios necesarios para abrirlo pieza por pieza y comprobar sus entrañas. El grupo de ocho expertos, que forman la comisión designada por Fomento, también reproducirá el despegue en una cabina informática del JK 5022 de Spanair con los parámetros que registraron la cajas negras del aparato siniestrado. Las conversaciones registradas en ellas, que se conocieron en mayo, dejaron entrever que los pilotos no comprobaron la posición de los alerones antes de iniciar las maniobras de investigación. Pero el presunto error humano pudo venir acompañado de un fallo técnico, ya que la tripulación tampoco fue apercibida por el sistema sonoro de avisos TOWS de que las alas no estaban preparadas.

UN PROCESO RALENTIZADO "El proceso judicial no puede ir más lento. De momento solo hay dos técnicos de mantenimiento implicados. Está ralentizado por falta de medios técnicos, y las intervenciones del fiscal, que compatibiliza este caso con otros muchos, son escasísimas. Nos sentimos desamparados por la instituciones", denunció Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo KJ 5022. "Lo más frustrante es ver que todo está por hacer a nivel judicial, administrativo, civil y personal", clamó Javier Vidal, superviviente de la tragedia.

Vera aplaudió el apoyo del titular de Fomento, José Blanco, pero advirtió de que del informe de su comisión no se derivarán responsabilidades penales y la determinante será la investigación judicial. Las víctimas echaron mano de dos comparaciones para denunciar el abandono administrativo que sufren: un accidente similar ocurrido en Detroit en 1987 se esclareció en nueve meses. En Francia, el Estado se hace cargo de amparar a las víctimas en el ámbito civil y penal. "Los ciudadanos no se enfrentan solos, como aquí, a los cuantiosos intereses que se mueven alrededor de un accidente aéreo", denunció Vera.