La Audiencia Provincial de La Coruña ha absuelto tanto al capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras, al jefe de máquinas del buque y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, por los delitos contra el medioambiente de los que eran acusados, mientras que únicamente el primero ha sido condenado a 9 meses de prisión por un delito de "desobediencia grave".
En su fallo, hecho público este miércoles en el undécimo aniversario del siniestro marítimo -ocurrido el 13 de noviembre de 2002 frente a las costas gallegas-, el tribunal que durante nueve meses juzgó la catástrofe, ha absuelto de todos los delitos por los que eran procesados al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y a López Sors.
Mientras, el cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, queda excluido de esta sentencia porque no llegó a ser juzgado, al encontrarse en paradero desconocido.
El presidente de la Sala que enjuició los hechos, José Luis Pía, ha sido el encargado de leer la sentencia, en lengua gallega, sobre un siniestro que provocó una de las mayores catástrofes medioambientales registradas en España.
La sentencia considera que el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, actuó de buena fe y contó con asesoramiento "correcto y suficiente" aunque se equivocaran en su diagnóstico y en la valoración de los posibles efectos. Y por tanto "no se le puede atribuir responsabilidad penal".
Y admite los argumentos sobre en qué puerto debía recalar el buque --la ensenada de Corcubión como más probable-- y a quién podía afectar, por los problemas que suponía y las condiciones meteorológicas adversas que hacían prever "un hundimiento inminente".
Avala que el 'Prestige' navegara con "navegantes experimentados" y los exculpa de conocer problemas en el barco "porque todos sabían que no era nuevo".
El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, no llegó a ser juzgado, en una vista que se prolongó durante nueve meses, al encontrarse en paradero desconocido.
La sentencia recoge las dificultades que puso el capitán para el rescate y la tarea "difusa y confusa" del delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Fernández de Mesa.
Los jueces señalan la dificultad de atribuir el motivo de la avería y el fallo del buque, rechaza que hubiera una explosión ni que las reparaciones del buque fueran defectuosas, como se insinuó en el juicio. Reprochan que ninguno de los técnicos y navegantes del buque alertaron suficientemente sobre el estado de la nave y sostienen que fueron las revisiones de mantenimiento de la nave las que no fueron adecuadas.
El tribunal considera que no puede establecer los motivos de la avería más que por el "estado deficiente de conservación del buque". Y que tampoco aportaron nada las operaciones para vaciar el buque y limpiar sus restos.
