PSOE, CIU, PNV, ERC y BNG anunciaron ayer el voto en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación propuesta por el PP para que se considere autoridad pública a los maestros y profesores en el ejercicio de sus funciones, que sí ha respaldado UPyD.
En el Pleno del Congreso, el portavoz de Educación del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha argumentado que es "un clamor social" y una "demanda laboral y sindical" debido a los juicios por agresiones a profesores, "miles" de denuncias recibidas por los defensores del pueblo y los sindicatos y una "recomendación" de la Fiscalía.
Ha añadido que se trata de garantizar el derecho a aprender de once millones de alumnos y el de 650.000 profesores a dormir tranquilos, sin pensar que pueden ser atacados al día siguiente, "en muchos casos impunemente".
LA CORTESIA POLITICA "Sin autoridad no hay educación", ha proseguido, lo que no debe confundirse con el autoritarismo, ha matizado, al tiempo que ha reconocido que esta iniciativa no resuelve todos los problemas educativos.
La portavoz socialista, Cándida Martínez, le ha respondido que tal proposición "atenta" contra la cortesía política, dado que el Gobierno está en vías de negociación de un pacto educativo con las fuerzas parlamentarias, en la que figura esta cuestión.
