La realidad se impone: por muchas leyes contra la contaminación acústica que dicten las administraciones, la única vía que parece funcionar es la de los tribunales. Lo admitía ayer el responsable de Medio Ambiente en la Diputación de Barcelona, Joan Antoni Baron. La Generalitat de Cataluña está elaborando una ordenanza para regular esta cuestión que presentó ayer a los alcaldes. Pero lo que más preocupa, dijo el coordinador del área de Salud Pública de la corporación provincial, Andreu Banús, es que la mayoría de las normas aprobadas "se quedan en papel mojado", como demuestra el aumento de jóvenes afectados por la pérdida de audición. Banús animó a aplicar medidas contra el ruido ambiental.