El Gobierno dio ayer luz verde a la fusión de Vía Digital (Telefónica) por Canal Satélite Digital (Sogecable), pero ampliando y endureciendo las 10 condiciones que en su día impuso el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). El Ministerio de Economía ha enviado ya a las dos compañías los 34 requisitos para fusionarse y pone especial énfasis en que los precios al usuario suban por debajo de la inflación durante cuatro años.
Sogecable y Telefónica tienen dos meses para contestar si aceptan el plan elaborado por el Gobierno, cuyas condiciones tendrán una vigencia de cinco años. En el caso de que rechacen las limitaciones no podrán llevar a cabo la operación. Una de las consecuencias es que Telefónica deberá desprenderse de su participación en Antena 3 TV.
INFORMES
Aunque el Ejecutivo ha endurecido las condiciones y ha intentado alicatar al máximo cada uno de los elementos susceptibles de reducir la competencia en el mercado audiovisual, expertos consultados tenían una relativa confianza en que finalmente se lleve a cabo la fusión. Fuentes de las dos compañías confirmaron que el Gobierno había negociado con ellos alguna de las limitaciones.
El vicepresidente Rodrigo Rato, explicó en rueda de prensa que los requisitos para esta "absorción" responden a las condiciones que fijó el TDC, al informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y a las alegaciones enviadas por otros sectores como el de la televisión por cable.
La intención del Gobierno central "es garantizar el interés general de los consumidores, el de la libre competencia y el de la economía española" afirmó Rato. Este es el motivo por el que "el Gobierno ha impuesto muy importantes limitaciones", afirmó.
Pero, según los expertos, ha quedado evidente que el Ejecutivo pretende algo más que abrir la plataforma resultante de la fusión a otros operadores: introduce una serie de medidas para regular el mercado de la televisión de pago al mismo nivel que sectores estratégicos como el de la electricidad o los carburantes.
El Gobierno encomienda a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones que intervenga cuando falle el arbitraje privado en casos de conflictos con otras operadoras y que vigile el cumplimiento del acuerdo mediante informes anuales que presentará al Consejo de Ministros.
Pero la mayor novedad es que la empresa resultante de la fusión deberá aceptar una regulación de precios durante cuatro años mediante una fórmula de cálculo idéntica a la que el Gobierno pactó recientemente con las eléctricas. La explicación del Ejecutivo es que los beneficios que ambas empresas obtengan de la reducción de costes originada por la fusión reviertan en el abonado.
MAS CANALES
Además, el Gobierno obliga a la nueva plataforma de televisión de pago a aumentar el número de canales a disposición de otros operadores, tanto de tipo temático como de carácter informativo. Esto supone que tanto la televisión estatal, como las privadas o autonómicas podrán entrar en el negocio del satélite.
El Gobierno reconoció ayer que uno de sus objetivos es favorecer el desarrollo de las empresas de televisión por cable, aunque admitió que estas compañías están aún poco implantadas en España y que su acción sólo puede limitarse a abrir el mercado.
En esta línea van las limitaciones impuestas a Sogecable para la compra en exclusiva de películas de éxito de las grandes productoras estadounidenses. Lo mismo sucede con las restricciones a la compra de derechos de retrasmisiones de partidos de fútbol que hasta ahora compartían Canal Satélite y Vía Digital.
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