El gobierno balear aprobó un decreto pionero en Europa que prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y que contempla la expulsión de todos los hoteles de Baleares de los turistas que practiquen el balconing y multas en este caso de hasta 60.000 euros.
El decreto ley prohíbe en estas tres zonas la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres, las excursiones etílicas (el llamado pubcrawling), las happy hours, los 2x1 o 3x1, los autodispensadores de alcohol, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas.
precio de las bebidas / Las bebidas deberán cobrarse a un precio unitario, sin posibilidad de promoción alguna y en los hoteles y restaurantes de estas tres zonas solo se podrán ofrecer a los clientes tres bebidas alcohólicas por persona en comidas y cenas.
Los turistas que practiquen o permitan el balconing -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados «inmediatamente» del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel tiene la obligación de que no continúen alojados.
Además, este nuevo decreto ley limita las fiestas en embarcaciones en la cosa denominadas party boats: se suspende la concesión de nuevas licencias hasta la regulación de esta actividad en un plazo de 24 meses y los barcos que cuentan con licencia no podrán embarcar ni desembarcar a los turistas en ninguna de estas tres zonas, que son las consideradas «más calientes» del turismo de borrachera de Baleares.
destino de calidad / El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, presentó esta nueva norma que pretende «combatir el turismo de excesos», fomentar el civismo y promocionar Baleares como un destino de calidad en el mundo.
Se trata, ha resaltado, de la primera norma en Europa que restringe la promoción y venta de alcohol en determinadas zonas y los comportamientos incívicos en los hoteles, tras el «amplio diálogo» mantenido entre el gobierno balear y el sector empresarial y turístico.
El decreto ley ha sido aprobado con una vigencia de cinco años y se aplicará de manera inmediata. La normativa respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.
