El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quiso ayer dar un golpe de autoridad y anunció por sorpresa la promulgación de un decreto por el que se prohibirá el uso del burka y el niqab en todos los edificios municipales. La medida rompe no solo con la que hasta ahora era la posición del bipartito (PSC e ICV-EUiA) con respecto a la indumentaria islámica sino, también, con una política histórica del Ayuntamiento de Barcelona --y de la izquierda catalana-- orientada más a convencer y disuadir que a acorralar a los inmigrantes.

Parece difícil no relacionar este golpe de timón con la voluntad de construir una nueva imagen de fortaleza y mando de Hereu, tras unas agitadas semanas en que la sucesión de reveses ha dado pábulo a insistentes rumores sobre su posible sustitución, que apenas fueron acallados por el previsible cierre de filas que la federación barcelonesa del PSC protagonizó el pasado sábado alrededor del alcalde.

Hace apenas dos semanas, la política municipal alrededor de la indumentaria islámica se resumía en que era un debate artificial creado por la derecha porque apenas hay personas ataviadas con burkas o niqabs y que, en todo caso, solo el trabajo con las asociaciones de inmigrantes podía dar sus frutos a medio y largo plazo. Todo esto se borró ayer de un plumazo ante la mirada sorprendida y airada de los socios de gobierno municipal, ICV-EUiA, que nada sabían, según fuentes ecosocialistas, al arrancar la reunión de la comisión municipal de Inmigración, donde se sustanció el debate.

PACTO A SALVO El presidente del grupo de ICV-EUiA y segundo teniente de alcalde, Ricard Gomà, disgustado, señaló que "toda regulación de los espacios públicos es ir en contra del modelo Barcelona ". El pacto de gobierno, sin embargo, sigue sin estar en peligro, pese a la ya enésima discrepancia de fondo entre los socios de gobierno.

Quien sí sabía, por cuanto fue sondeada previamente por el PSC, fue CiU. La federación aplaudió la medida, pero añadió que este debía ser tan solo el primer paso, como defiende el PP, y debe vetarse el uso de las vestimentas en la vía pública.

El informe jurídico de los servicios municipales que da coartada a la medida de Hereu limita, sin embargo y en opinión de Santiago de Torres, el comisionado de Inmigración, la prohibición a los edificios que dependen al 100% del ayuntamiento, tales como mercados, bibliotecas y dependencias varias. El veto en la vía pública podría ir en menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, por lo que ha sido descartado.

Dentro de los recintos municipales, el PSC se acoge no a preceptos propios de la seguridad pública --competencia del Estado-- sino de la seguridad ciudadana, más relacionada con los elementos que pueden distorsionar la convivencia. Así, por motivos de seguridad y de buen uso se entiende que alguien que oculta su rostro, ya sea un mensajero con su casco o una musulmana con velo integral, puede causar problemas en los equipamientos municipales. El decreto del alcalde dará instrucciones para que cada instalación amolde la normativa a su ámbito.

Al ser una providencia del alcalde no es necesario que la medida pase por el pleno, por lo que el PSC se ahorrará el sangrado de heridas que ocasionaría un nuevo choque en público con sus socios. Sin embargo, en el pleno del viernes, y a propuesta del PP, sí se abordará el asunto.

Precisamente las formas en la promulgación del decreto fue el aspecto más criticado por ERC. Su líder en el consistorio barcelonés, Jordi Portabella, ve en la medida una muestra más del "déficit democrático" que asola al gobierno municipal.