El fallecimiento de Andrea, una niña de 12 años que sufría una enfermedad irreversible desde su nacimiento y para la que sus padres batallaron por una muerte digna, es el precedente español más cercano al caso conocido este fin de semana en Bélgica. La pequeña gallega murió en octubre del 2015, cuatro días después de que la justicia apoyara la petición de su familia y en contra de la opinión del hospital de Santiago donde se encontraba ingresada la niña.
Tras semanas de litigios, declaraciones y contradeclaraciones, los padres de la niña, Estela Ordóñez y Antonio Lago, vieron atendida su demanda y el complejo hospitalario universitario de Santiago (CHUS) retiró la alimentación que Andrea recibía por gastrostomía. Fue la primera vez que un caso de muerte digna para una menor en España llegaba a la justicia y se resolvía de forma favorable a los deseos de la familia y en contra del criterio de los médicos. Los padres se acogieron a la ley de muerte digna gallega, una de las pioneras en este país.
FALTAN RECURSOS
El caso de Andrea puso también sobre la mesa el debate sobre la creación de unidades paliativas pediátricas, porque las que existen «son escasas», admitió el entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Muchos hospitales españoles no disponen de ese servicio y los pacientes en edad pediátrica -hasta los 14 años- reciben los cuidados paliativos en una unidad de adultos.
La muerte de Andrea hizo recordar la de la niña bilbaína Mercedes Rodríguez Núñez para la que, pese a estar desahuciada por los médicos desde su nacimiento y a las reiteradas peticiones de sus padres para que se le aplicara la eutanasia, esta no fue aprobada y el 14 de enero de 1987 murió a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía.
